Toda denuncia de irregularidades acaecidas el domingo 9 de marzo al realizarse las elecciones internas de tres partidos políticos en Honduras ameritan ser investigadas de manera totalmente objetiva.
Quien o quienes la presenten deben aportar diversos tipos de pruebas para fundamentar legalmente lo sostenido.
Las acusaciones recién formuladas por el integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), se enfocan en el recuento doloso de votos por parte de las juntas receptoras, favoreciendo al alza a los partidos políticos opositores, lo que ha sido interpretado de diversas maneras por parte de los sectores de oposición, al cuestionar el trasfondo y motivaciones de tal denuncia.
El comunicado del Partido Liberal revela madurez cuando sostiene: “El Sr. Ochoa... si tiene pruebas debe presentarlas y...proponer en el Pleno de ese órgano electoral un mecanismo viable, seguro y legal para evitar las manipulaciones incorrectas de actas y resultados en los escrutinios especiales que se están desarrollando en todos los partidos políticos. Si existen manipulaciones de actas de manera indebida es responsabilidad directa de quienes integran esas Juntas Especiales y deben ser castigados con todo el peso de la ley por la Comisión de Delitos Electorales, extremo que debe ser comprobado en juicio por el Ministerio Público”.
Estos comicios primarios, al igual que los generales en el mes de noviembre, deben estar exentos de cualesquier duda, con total y absoluta transparencia, de modo tal que la ciudadanía, cualesquiera sea su filiación partidaria, esté plenamente satisfecho con los resultados en sus distintos niveles. Ya es tiempo que los delitos de carácter electoral merezcan sanciones penales y administrativas para dejar atrás, de una vez por todas, la tradicional impunidad para los autores físicos e intelectuales de tales violaciones al derecho al sufragio.
Estamos a tiempo aún para llegar al fondo de tal denuncia, y cualesquier otra que tenga respaldo documental, para despejar todo tipo de incertidumbres y dudas al respecto.
El Ministerio Público tiene que garantizar tales extremos a la sociedad con investigaciones eminentemente transparentes, sin sesgos de ningún tipo, investigando por igual a todos los actores que pudieron estar involucrados en tales irregularidades. Las anomalías que pudieron haberse cometido en las internas del 9 de marzo pasado no pueden permitirse en las elecciones de noviembre para cuando los y las hondureñas están convocados a elegir a sus nuevas autoridades en elecciones libres y transparentes.
