México. Una jueza federal en México dispuso este sábado la detención preventiva del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada con fines de contrabando de combustible, luego de haber sido trasladado de Argentina a territorio mexicano el pasado 20 de agosto, según la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana.
La FGR precisó -en un comunicado- que la magistrada tomó la decisión de imponer la prisión preventiva a Fernando ‘N’, al revisar los datos de prueba ofrecidos por la dependencia federal.
La togada indicó también que el acusado es un ex servidor público "posiblemente relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible".
"Probable(mente) intervino en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento", añadió el texto -publicado en la red social X-.
Tras una extensa audiencia privada a través de videoconferencia, iniciada la víspera en la noche y concluida la tarde de este sábado, la jueza resolvió que Farías Laguna permanezca detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, Altiplano, en el Estado de México.
La magistrada explicó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en la continuación de la audiencia, el próximo miércoles 26 de agosto, cuando se determine su situación jurídica.
La dependencia no precisó qué ocurrirá con su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, con quien presuntamente lideraba una red de huachicol fiscal (como localmente se conoce el tráfico ilegal y contrabando de combustibles). Ambos son sobrinos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina (Semar) durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
A Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Semar, lo arrestaron el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, tras la emisión de una ficha roja de la Interpol, solicitada por la FGR.
Sin embargo, su regreso a México quedó sujeto inicialmente a un proceso de extradición, luego de que las autoridades argentinas descartaran su expulsión inmediata.
La FGR lo señala por su presunta participación en "una compleja red criminal" dedicada al ‘huachicol fiscal’, ilícito que busca evadir el pago de impuestos.
