La utilización de 13 exhortos judiciales que, según una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), carecían de autenticidad habría permitido embargar L32.5 millones de fondos públicos durante procesos relacionados con la Alcaldía de Choluteca.
El informe No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, elaborado tras una investigación a la Corte Suprema de Justicia, documenta una serie de actuaciones que terminaron afectando recursos de la Cuenta Única del Estado.
Según el TSC, los documentos fueron atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca, pero ese tribunal posteriormente desconoció su emisión, firmas, sellos y actuaciones.
Los exhortos eran presentados físicamente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. Sin embargo, en varios casos no constaban las sentencias firmes, acuerdos conciliatorios o autos de embargo que supuestamente sustentaban las órdenes.
El TSC detectó que seis números de expedientes correspondían realmente a demandas contra empresas privadas, pero en los exhortos se habrían modificado las partes procesales para colocar a la Alcaldía de Choluteca como demandada.
En otro expediente sí existía un proceso real contra la municipalidad, pero fueron modificados los nombres de los demandantes, el abogado y la cantidad reclamada.
Además, otros seis números de expediente utilizados en los documentos no existían en los registros del Juzgado de Letras de Choluteca. En estos casos, los embargos alcanzaron L16,713,674.
La secretaria del juzgado certificó ante el TSC que 13 de los documentos examinados carecían de autenticidad y veracidad. También desconoció las firmas y actuaciones que aparecían atribuidas a su persona.
Otro elemento identificado fue el uso de un sello judicial obsoleto, que había sido sustituido desde comienzos de 2025, según la documentación revisada durante la investigación.
Demanda laboral
Uno de los casos analizados corresponde al expediente 0601-2025-00012. El proceso real estaba relacionado con una demanda ejecutiva laboral contra la Municipalidad de Choluteca por L4,321,508.17 y contaba con un acuerdo conciliatorio.
Sin embargo, el exhorto utilizado en Tegucigalpa consignaba otros demandantes, otro abogado y una cuantía de L2,823,606, cantidad que finalmente fue embargada en el Banco Central de Honduras.
La ruta de los recursos también quedó documentada. El dinero salió de la Cuenta Única del Estado del BCH, fue trasladado a una cuenta judicial del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y posteriormente se emitieron cheques de caja.
De acuerdo con el TSC, los 13 embargos representaron un perjuicio económico de L32,545,791.88 para el Estado. Los pagos terminaron realizándose mediante cheques a favor del abogado que figuraba como apoderado legal de los supuestos demandantes.
El informe también señala posibles fallas de control en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, debido a que los exhortos fueron recibidos y ejecutados sin evidencia de una confirmación previa con el tribunal de Choluteca. El expediente fue remitido al fiscal general para que el Ministerio Público determine las investigaciones y acciones legales que correspondan.
