El cambio de reglas en el acuerdo de importación de arroz generó la polémica que, a esta fecha, mantiene enfrentados en una serie de acusaciones a productores, industriales y Gobierno. En tanto, la DEI le dio un ultimátum de 48 horas al barco que contiene las 14 mil toneladas de arroz para que pague los aranceles correspondientes o se vaya.
Benjamín Toledo, representante de los agroindustriales, aseguró que esta polémica fue causada por los cambios en las reglas en la compra y la cantidad autorizada por el Ejecutivo en noviembre anterior mediante un decreto, el cual contravino lo establecido en el anterior convenio arrocero.
“Teníamos reglas claras y las nuevas reglas no son claras. No podemos permitir estar en situaciones en las cuales participamos todos en la compra de granza nacional pero el beneficio solo llega a una minoría”, reclamó.
En tanto, ayer el director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, Enrique Castellón, advirtió que el destino del barco será pagar o regresar al puerto de partida, dependiendo de la disposición del importador del barco, quien debe cancelar unos 40 millones de lempiras en concepto de impuestos al Estado, ya que las 14,300 toneladas de arroz granza no están amparadas en el Cafta (tratado de libre comercio entre EUA-Centroamérica-República Dominicana).
“Hay otros costos incurridos, pero la cifra que se debe pagar ronda los 40 millones, todo esto depende de la disposición del importador para pagar la póliza. Si no se toma una decisión del pago de los aranceles tendrá que redestinarse el barco”, indicó Castellón.
Sobre la polémica importación que realiza el empresario Sadye Andonie, propietario de tres beneficios en el norte del país, las autoridades descartan que se trate de un nuevo “arrozazo” y aseguran que la embarcación arribó con el aval de las autoridades de la SAG y SIC, amparadas en el acuerdo Cafta.
Amenaza con demanda
El empresario propietario del cargamento se defendió diciendo que “el barco salió en diciembre (cuando estaba autorizada la importación) y llegó el 14 de enero por el tráfico que había en Misisipi. Me avalaron 11,200 toneladas como parte del Cafta, por las tres mil toneladas restantes sí se pagará el arancel del 45%”.
Andonie aseguró que si no se le permite el ingreso del producto demandará al Estado, ya que está pagando 42,500 dólares diarios por el barco que está en bahía; “el gobierno será demandado, yo no pienso pagar esto porque estoy (en lo) legal”, reafirmó.
Sobre esta amenaza, Castellón señaló que no existe razón para demandar, ya que las 14,200 toneladas están fuera de contexto legal. “Él no puede alegar que quiere meter un cargamento que no esté legalizado, no creo que el importador pensaría en ese extremo. Si no quiere pagar los impuestos nos veremos en la necesidad de redestinar el barco”, reiteró.
Recibirán cosecha
De concertarse la salida del barco o el pago de impuestos se avizora que los agroindustriales deberán recibir nuevamente la cosecha nacional que actualmente solo estaban recibiendo ciertos beneficios de arroz.
El ministro de la SAG, Jacobo Regalado, declaró que “la compra de los molinos se reanuda, hay que hablar con los molinos con los que han estado comercializando para comenzar la compra que permita la distribución de desabasto en el marco de un acuerdo que permita la garantía y la certeza de reglas claras”.
Los productores, por su parte, dicen estar preocupados ya que a varios les han rechazado el producto debido a que, al no tener seco el arroz, se arruina en 24 horas. “Estamos perdiendo el producto en el camión, a varios de ellos ya les han rechazado el producto”, dijo Carlos Chacón, productor de Atlántida.
A la espera de que finalice esta polémica, lo que sí está claro es que los productores no están recibiendo una buena paga por su cosecha. “Nos están pagando muy poco, 200 y 250 lempiras por quintal, y esto no representan ni el 70% de nuestros costos. El precio que deben darnos debería ser 400 lempiras por quintal”, reclamó Chacón.
