Tegucigalpa, Honduras. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) confirmó la puesta en marcha del régimen de máxima seguridad para 66 integrantes de maras y pandillas catalogados como terroristas, en cumplimiento estricto de la nueva legislación orientada a desarticular el mando operativo del crimen organizado desde el interior de los reclusorios.
La aplicación de esta normativa especial, aprobada hace un mes por el Congreso Nacional, busca neutralizar por completo las comunicaciones y operaciones de las estructuras criminales mediante un estricto protocolo de confinamiento y restricción absoluta de contacto con el exterior en los principales centros penales del país.
Actualmente, 61 privados de libertad ya han sido ingresados a las celdas acondicionadas bajo este esquema punitivo, mientras que otros cinco reclusos se encuentran en proceso de traslado e internamiento para completar el primer grupo catalogado bajo la categoría legal de terroristas.
Las autoridades penitenciarias detallaron que las severas medidas administrativas incluyen la cancelación total de visitas familiares y conyugales, la prohibición del ingreso de alimentos externos y la conducción de entrevistas legales únicamente a través de locutorios aislados con cristales de seguridad.
"Como ustedes vieron las normas del régimen, es que no hay visitas familiares, que no hay visitas conyugales, que no pueden ingresar comidas, que las visitas con los abogados van a ser a través de locutorios, es decir, a través de vidrio, no va a haber ningún contacto físico y van a permanecer 23 horas y media dentro de las celdas y solo media hora de calistenia", explicó Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario.
El jerarca militar destacó que los reclusos sometidos a estas medidas extremas no han presentado resistencia activa durante las jornadas de traslados ni dentro de los módulos, acatando las restricciones impuestas por las fuerzas de custodia en los recintos penitenciarios.
"Todas las personas que están ya en el régimen están catalogadas como terroristas; lógicamente, hay unas que están ahí como prisión preventiva, pero están en proceso de que sean catalogadas como tales por parte de los jueces", afirmó Amador Lacayo.
El plan de contención prevé extender este mismo nivel de aislamiento a más de 3,900 privados de libertad recluidos en los módulos de alta peligrosidad de los centros penales de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, para garantizar el control total del Estado.
Régimen de máxima seguridad
"Imagínese qué difícil ha de ser perder su libertad, que le quiten uno de los derechos más importantes, y más en un régimen de máxima seguridad donde solo por el hecho de estar confinados a una celda por 23 horas y media ya es bastante", aseveró el titular del INP.
Ante la posibilidad de reacciones violentas por parte de las agrupaciones delictivas, las autoridades de la institución penitenciaria aseguraron que mantienen activos todos los protocolos de inteligencia y contingencia para neutralizar cualquier intento de motín en las cárceles del país.
"Continuamente nosotros estamos revisando nuestros planes de contingencia porque no se puede descartar nada, son sistemas bien complejos en los que a veces no se sabe, pero siempre se está en la capacidad de reacción", sostuvo el director de la entidad.
De manera paralela, los equipos técnicos evalúan la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la zona de Naco, Santa Bárbara, donde ya existen avances de infraestructura que permitirán ampliar la capacidad de confinamiento para criminales de alta peligrosidad.
