San Pedro Sula, Cortés. La fiscal Glenda Jiménez fue capturada este miércoles por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), señalada por presuntamente cobrar diferentes cantidades de dinero a una persona a cambio de cerrar una denuncia presentada en su contra.
La funcionaria estaba asignada a la Fiscalía de Delitos Comunes de San Pedro Sula y enfrenta un requerimiento fiscal por el supuesto delito de concusión, en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
Según la denuncia presentada por la presunta víctima, desde hace varios meses se habría visto obligada a realizar diferentes pagos a la fiscal, bajo la promesa de que cerraría el expediente en su contra.
De acuerdo con la información relacionada con el caso, los pagos se habrían efectuado mediante depósitos de dinero que oscilaban entre 500 y 20,000 lempiras. Estas transacciones forman parte de los elementos que deberán ser examinados durante el proceso judicial.
La denuncia dio paso a las diligencias investigativas de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), que, con apoyo de la ATIC, realizó las actuaciones correspondientes para proceder contra la funcionaria.
El Ministerio Público informó que la captura se ejecutó como parte de las investigaciones y que los elementos de convicción recabados sustentan el requerimiento fiscal presentado en su contra.
La Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción Pública tiene a su cargo las actuaciones del caso y prevé presentar a la funcionaria ante el juzgado con competencia territorial en San Pedro Sula, donde se desarrollará la audiencia de declaración de imputado.
La concusión es un delito que puede configurarse cuando un funcionario público, abusando de su cargo, exige o hace pagar indebidamente dinero u otros beneficios. La calificación legal dependerá de los hechos que se acrediten durante el proceso.
El Ministerio Público reiteró que investigará los presuntos actos de corrupción sin distinción de cargos, incluso cuando involucren a sus propios funcionarios.
Jiménez mantiene la presunción de inocencia mientras no se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia judicial.
