Honduras: No pudieron pagar las extorsiones y los mataron

San Pedro Sula, Honduras.

Transportistas y comerciantes han sido históricamente los más afectados por la extorsión en Honduras, muchos de ellos murieron al rehusarse a pagar a las maras y pandillas; otros cerraron sus negocios, y los que han quedado es porque se sienten indefensos en un país con escasas oportunidades e impunidad.

Pese a que la Secretaría de Seguridad mantiene en reserva la estadística de muertes por extorsión en los últimos años, quizá por una débil investigación, una base de datos de la Policía arrojó que entre 2013 y noviembre de 2022 localizaron 1,139 personas encostaladas en diferentes puntos del país, de estas, 12 tenían vínculo directo con la extorsión. Por su parte, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), por su parte, detalló que entre 2020 y 2022 mataron a 498 transportistas y en la mayoría de estos casos se investigaba el posible móvil de la extorsión.

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Por otro lado, según un estudio de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Internas, 247,090 personas se movieron por la violencia y extorsión en Honduras en los últimos años para salvaguardar su integridad física. El 33% de las personas desplazadas eran comerciantes, 6% transportistas, 6% amas de casa, 5% docentes y 4% abogados, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Es imposible medir la cantidad exacta de afectados, pero se estima que son miles de pequeños y medianos negocios que pagan grandes cantidades de dinero en zonas controladas por estructuras delincuenciales, donde el sector transporte es el que más lo hace. Según sus propias denuncias, micros, pequeños y medianos empresarios son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.

El llamado de auxilio de quienes sostienen la economía nacional hizo eco a finales de noviembre pasado, provocando que el Gobierno declarara un plan de emergencia contra la extorsión. Un informe publicado el 22 de noviembre de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) detalló que los que actualmente pagan extorsión en el país son propietarios de mercaditos, pulperías y otros negocios de pequeño y mediano tamaño, así como mototaxis, taxis y buses. También empresas de suministro de combustible y refrescos, vendedores en línea, trabajadoras sexuales y algunas empresas grandes.

Los distintos sectores del país reaccionaron ante las medidas anunciadas por la presidente Xiomara Castro contra el flagelo de la extorsión que ahoga al comercio en general. LA PRENSA Premium habló con representantes de diferentes rubros para conocer de cerca sus impresiones y qué podría pasar.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (Ccic), considera que se necesita mucho esfuerzo para disminuir el impacto en la economía.

“Hemos recomendado que se controlen realmente los chips para saber quiénes son los propietarios y que se valore la posibilidad de cambiar el efectivo a moneda digital en el transporte. Creemos que las razones de esta situación son estructurales por la falta de educación y empleo entre los jóvenes, por lo que debemos trabajar más en las causas que en los efectos”, planteó el empresario.

De su lado, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, recordó que son miles de empleos perdidos cada mes entre la pequeña y mediana empresa producto de la extorsión.

“Los dueños y empleados ya no hallan qué hacer y son quienes más sufren. De no atender efectivamente esta situación habrá en el país más cierre de negocios, pérdida de empleo, migración hacia el norte y más criminalidad”, advirtió la máxima autoridad de la empresa privada.

Los dirigentes del transporte, Johnny Ortiz y Gerardo Aguilar, coincidieron que en los últimos meses se agudizó la extorsión y cuestionaron que pese a tantas capturas el problema continúe.

“Muchos conductores han devuelto las llaves de las unidades a los dueños y han renunciado por miedo, pues no ven que esto se detenga”, lamentó por su parte Ortiz, uno de los líderes del rubro en San Pedro Sula.

“Esperamos que estas nuevas estrategias sirvan para combatir el delito, pues este es un fenómeno de más de 20 años, no se le dio la atención debida, evolucionó y hoy en día desafía a las autoridades”, enfatizó Aguilar, dirigente capitalino.

Dina Núñez, representante de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (Hopeh), calificó la situación que enfrenta el país como “complicada”, puesto que los extorsionadores lo hacen con demasiada facilidad.

“Se debe capacitar sobre qué hacer y qué decir cuando intentan extorsionar, no es posible que los extorsionadores abusen y manipulen a los negocios. La Policía, sociedad civil, asociaciones y telefonías deben actuar en conjunto para frenar la extorsión desde su raíz”, instó la empresaria.

Núñez dijo desconocer el aumento de la extorsión en los últimos meses, flagelo que se había controlado. Comunicó que de momento los pequeños hoteles no reportan denuncias de extorsión a nivel nacional.

La extorsión es un delito que tiene su mayor incidencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras.