El debate sobre las “startups” tecnológicas suele atascarse en la cantaleta de “no hay financiamiento” y “falta ecosistema”. Sin embargo, existe una palanca inmediata que Honduras está desaprovechando: el Estado como primer gran cliente.
Cada año, las instituciones públicas desembolsan millones en software, logística, salud digital y servicios financieros, pero casi siempre ese presupuesto termina en manos de proveedores extranjeros o de intermediarios que revenden soluciones importadas. ¿Por qué no convertir esas compras en la pista de despegue para las “startups” nacionales?
Mi propuesta es simple: reservar un porcentaje fijo -por ejemplo, el 10 %- de todas las contrataciones tecnológicas del Gobierno para productos o prototipos desarrollados por empresas hondureñas con menos de cinco años de operación. Esta cuota obligaría a las instituciones a abrir licitaciones adaptadas al tamaño y la velocidad de las “startups”: requisitos técnicos claros, procesos de evaluación en línea y pagos ágiles por hitos cumplidos. A cambio, las jóvenes empresas obtendrían algo más valioso que un subsidio: validación de mercado, flujo de caja inicial y un caso de éxito que facilita atraer inversión privada.
Para evitar el amiguismo de siempre, el mecanismo debe incluir tres candados. Primero, un registro público de proveedores emergentes con criterios transparentes de elegibilidad. Segundo, jurados mixtos que combinen sector público, academia y cámaras privadas para evaluar las soluciones según impacto, costo y escalabilidad. Tercero, auditoría ciudadana en tiempo real: todo contrato, entrega y pago se publica en línea para que cualquier persona verifique resultados.
Una “startup” que instala su software de gestión de medicamentos en cinco hospitales públicos acumula experiencia, referencias y datos para perfeccionar su producto y venderlo luego en otros países de la región. El Estado, por su parte, obtiene innovación continua a un costo competitivo y fortalece un ecosistema que genera empleos de calidad. Apoyar a las “startups” no significa escribir cheques a ciegas, sino redirigir parte del gasto que ya existe hacia el talento local. Convertir al Gobierno en primer cliente es la forma más rápida de pasar del discurso a los resultados.
