La familia del ex aspirante presidencial mexicano Diego Fernández de Cevallos, secuestrado el pasado 14 de mayo en el centro de México, ya pagó un rescate “superior a los 20 millones de dólares”, reveló ayer el periódico El Universal.
El ex senador y político del conservador Partido Acción Nacional, PAN, será liberado por sus secuestradores en menos de cuarenta días, agrega el rotativo, que cita fuentes de la familia no identificadas.
El periódico señala que el aspirante a la Presidencia de México en las elecciones de 1994 está enfermo y deprimido por un largo secuestro que ayer cumplió cinco meses.
Al parecer, la familia reunió el dinero del rescate “con el apoyo de algunos amigos” del ex aspirante presidencial.
El Universal informa de que, pese a ello, Fernández de Cevallos mantiene condiciones estables “para que pueda seguir viviendo sin mayor problema”. Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado cerca de su hacienda en el municipio Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro (centro) por un grupo autodenominado “Misteriosos desaparecedores” en las comunicaciones que ha mantenido, tres hasta la fecha.
Hipótesis
Por el momento se desconoce la ideología y motivación de este grupo, aunque se especula que pudiera haber una causa económica u otra de carácter político-militar tras el suceso.
La familia del político pidió a fines de mayo a las autoridades federales y del estado de Querétaro suspender las investigaciones para negociar con los secuestradores, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) se apartó del mismo y no ha ofrecido información en los últimos meses. Fernández de Cevallos fue candidato del PAN a la Presidencia en las elecciones de 1994, en las que perdió frente a Ernesto Zedillo, y ha sido uno de los personajes más influyentes en su partido y en la política mexicana en las últimas dos décadas.
Ayer se supo que al menos desde hace tres semanas la Procuraduría General de Justicia de Querétaro declinó competencia a favor de la PGR en el caso Fernández de Cevallos, por lo que la averiguación previa que se abrió hace más de cuatro meses en aquella entidad por el delito de secuestro está en manos del titular del Ministerio Público Federal.
