Washington.
Una comisión del Gobierno de Honduras se entrevistará hoy con el subsecretario de Estado de EUA para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, y el subsecretario de Compromiso Internacional de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional, James Nealon, a fin de impulsar la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a unos 57,000 hondureños.
La comitiva oficial está encabezada por la canciller María Dolores Agüero; el embajador de Honduras en Washington, Marlon Tábora, y la vicecanciller María Andrea Matamoros.
A esta comitiva se unirán el martes los congresistas de la comisión de Relaciones Exteriores Waldina Paz, Esdras Amado López, Ricardo Martínez, Juan Diego Zelaya y el vicepresidente del Legislativo, Antonio Rivera Callejas.
Las reuniones incluyen, durante esta semana, encuentros con influyentes congresistas demócratas y republicanos, quienes han pedido en sendas cartas dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) la renovación del amparo migratorio para los hondureños, salvadoreños y nicaragüenses.
Con esto, el Gobierno hondureño intenta darle un último impulso a las gestiones ante congresistas, senadores y altos cargos políticos de la Casa Blanca con miras a lograr la decimocuarta ampliación del TPS, que el Gobierno de Estados Unidos ha venido renovando desde 1998 tras el paso devastador del huracán Mitch.
Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington.
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Lobby político.
En los últimos meses, Honduras ha realizado un intenso lobby político y diplomático al más alto nivel en Washington y se espera que la administración Trump otorgue la esperada renovación, que beneficiaría a más de 300,000 centroamericanos, entre ellos, 57,000 hondureños.
Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestaron un moderado optimismo en cuanto a que el trabajo de mediación ejecutado hasta ahora rinda sus frutos, aunque reconocieron que la decisión pasa por el presidente Donald Trump.
La decisión de ampliar el TPS corresponde al DHS, contando con el análisis del Departamento de Estado; sin embargo, la última palabra la tiene el gobernante estadounidense.
La canciller María Dolores Agüero presentó la solicitud formal de ampliación del TPS el 18 de julio de 2017 bajo el argumento de que los hondureños realizan un aporte significativo a la economía estadounidense con su trabajo, negocios e impuestos. Además, que tienen hijos estadounidenses y su desarraigo significaría un drama humano para ellos y sus familias.
Se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional anunciará su decisión el próximo 5 y 6 de noviembre, como se ha hecho en anteriores oportunidades.
La vicecanciller María Andrea Matamoros.
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Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, recordó que se ha hecho un fuerte trabajo a todo nivel, pero reconoció que la ampliación del TPS pasa por la decisión política y soberana del Gobierno de EUA.
Contrastó que la no renovación del TPS representaría una tragedia humana y un impacto económico para el país, tomando en cuenta que los hondureños aportan un poco más de 200 millones de dólares anuales en remesas familiares, que representan el 5% del total de lo que envían todos los compatriotas que viven en EUA.
“Esta semana es muy importante para el futuro de muchos hondureños que residen aquí en Estados Unidos, sino de sus familias que están esperando una decisión por parte de la administración del presidente Trump en cuanto a la renovación del TPS, y este es un proceso largo que iniciamos desde que comenzamos como embajador”, esbozó.
Contextualizó que se ha expuesto una serie de argumentos como la vulnerabilidad que ha venido sufriendo la población hondureña por las lluvias, los fenómenos naturales y el cambio climático, así como también por el asunto de seguridad, puesto que si bien se ha avanzado en reducir la tasa de homicidios, Honduras sigue teniendo cifras altas.
La comunidad hondureña aboga por una nueva oportunidad para vivir y trabajar en paz.
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“Todavía tenemos índices de violencia que están por encima de los promedios de América Latina, todavía no existen las condiciones para que nuestros compatriotas puedan retornar, y quiero ser bien claro, nosotros no estamos listos para poder recibir a 60,000 hondureños, más sus familias y los que dependen de ellos económicamente”, sentenció.
Por su lado, la vicecanciller María Andrea Matamoros se mostró muy optimista de las gestiones desarrolladas hasta ahora y ratificó que las reuniones de esta semana buscan apuntalar el trabajo que ha venido realizando de forma directa el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, y el embajador Marlon Tábora.
Matamoros destacó que la renovación del TPS es un asunto de Estado y de país, por lo cual se han tocado las puertas al más alto nivel para no dejar desamparados a los compatriotas.
Expresó que además de las reuniones con altos cargos de la administración de Trump se tendrán encuentros con representantes de la sociedad civil estadounidense que han venido apoyando la causa hondureña, entre ellas, la asociación de obispos católicos de EUA. Ambos funcionarios descartaron que la detención del supuesto terrorista hondureño Adolfo Solano tenga un impacto en la decisión de las autoridades de EUA, pese a que reconocieron que ese hecho ocurre en el momento menos oportuno para el país.