Tegucigalpa, Honduras. Los propietarios de viviendas en alquiler podrían dejar de asumir las millonarias deudas por consumo de energía eléctrica que algunos inquilinos acumulan antes de abandonar los inmuebles, si prospera una iniciativa legislativa que busca responsabilizar directamente a los arrendatarios por los recibos pendientes.
La propuesta, denominada Ley para la Identificación y Responsabilidad de Arrendatario por el Consumo de Energía Eléctrica, fue impulsada ante las denuncias recibidas por la diputada Dunia Jiménez, quien señaló que numerosos dueños de casas, apartamentos y habitaciones enfrentan problemas económicos cuando sus inquilinos se marchan sin pagar el servicio.
Según la congresista del partido Libertad y Refundación (Libre), algunos propietarios cobran entre 3,000 y 4,000 lempiras mensuales por el alquiler, pero terminan enfrentando obligaciones por electricidad que alcanzan los 150,000 o incluso 200,000 lempiras.
Jiménez explicó que la situación afecta especialmente a personas que han construido sus viviendas con mucho esfuerzo y que, al alquilarlas, no esperan terminar pagando las deudas que dejan quienes ocuparon sus propiedades.
Ante este panorama, la iniciativa plantea establecer mecanismos para identificar a los arrendatarios como responsables de los consumos eléctricos generados durante el período en que habitaron el inmueble, siempre que el contrato de alquiler establezca esa obligación.
El proyecto también propone que los inquilinos con cuentas pendientes acudan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para negociar convenios de pago y cumplir con sus compromisos, en lugar de trasladar automáticamente la carga económica a los propietarios.
Otra de las medidas contempladas consiste en permitir que las personas con deudas vencidas y debidamente certificadas sean reportadas a las centrales de riesgo, después de agotar los procedimientos correspondientes de notificación y reclamo.
La propuesta incluye, además, la creación de una constancia de solvencia por consumo de energía eléctrica, cuya verificación podría incorporarse en determinados trámites, entre ellos la renovación de la licencia de conducir. Estas disposiciones estarían sujetas al respeto del derecho de defensa y a la posibilidad de establecer acuerdos para cancelar las obligaciones pendientes.
Para establecer con mayor precisión quién generó la deuda, la iniciativa plantea registrar los datos del arrendatario, la cuenta del servicio eléctrico y el período durante el cual ocupó la propiedad. También contempla documentar las lecturas del medidor al inicio y al finalizar el contrato de alquiler.
La diputada Dunia Jiménez aclaró que el objetivo no es obligar a los inquilinos a cancelar toda la deuda de inmediato, sino permitir que puedan llegar a acuerdos de pago según sus posibilidades económicas. Con ello, se busca evitar que los propietarios deban asumir compromisos que corresponden a quienes consumieron la energía.
Finalmente, el proyecto propone implementar una plataforma electrónica que permita consultar el estado de las cuentas y verificar las obligaciones pendientes. No obstante, las disposiciones todavía forman parte de una iniciativa legislativa que deberá ser analizada, discutida y aprobada por el Congreso Nacional para convertirse en ley.