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Más de 200,000 empleos se pierden por invasiones de tierra

  • 17 junio 2024 /

Titular del INA dice que para terminar con la usurpación, en el Congreso Nacional se debe aprobar una normativa para dar acceso a la tierra a los campesinos

Tegucigalpa, Honduras.

La invasión de más de 66,000 manzanas de tierra ha resultado en la pérdida de aproximadamente 220,000 empleos. Esta situación afecta principalmente al sector norte del país, donde el 80% de los empleos pertenecen al sector de la palma africana en Colón.

Los datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) además indican que se pierdan 2,400 millones de lempiras por las invasiones.

Los siete municipios en un comunicado pidieron a su población abastecerse de alimentos ya que varias rutas se encuentran afectadas por las lluvias.

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En la empresa privada señalan que la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, instalada en junio de 2023 por el Poder Ejecutivo y que está integrada por representantes del Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de la Propiedad (IP), la Secretaría de Seguridad, entre otras entidades, para devolver tierras invadidas y además buscarle soluciones a los que sí son campesinos, no ha tenido los resultados esperados.

Rafael Alegría, subdirector del INA, aseguró que la comisión está trabajando y se han realizado más de 100 desalojos a los grupos campesinos; pero añade que para terminar con la usurpación de tierras, en el Congreso Nacional se debe aprobar una normativa para dar acceso a la tierra a los campesinos.

Las cuencas de los ríos que abastecen al Lago de Yojoa están siendo deforestadas debido a las invasiones, poniendo en riesgo la generación de energía.

“Estamos ante una presión del sector empresarial que exige más desalojo y de los campesinos que exigen tierra para ellos, entonces tenemos que buscar una salida y no hay otra que reformar el campo jurídico, y el Congreso Nacional tiene que hacerlo a la mayor brevedad posible”.

Hace aproximadamente un año, las autoridades del INA propusieron un decreto con el objetivo de reformar el sector agrario del país.

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Al mismo tiempo, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixón, presentó un anteproyecto que buscaba transferir la tierra incautada al crimen organizado a los campesinos.

Sin embargo, ambas iniciativas fueron engavetadas y aún no se han sometido a discusión ante el pleno de diputados.

La reforma, anunciada por el INA, busca recuperar tierras ejidales y nacionales en manos de terceros para redistribuirlas entre los grupos campesinos.

Además, se propone realizar un censo de las organizaciones campesinas para evaluar su situación y fortalecer la comisión agraria mediante fondos destinados a operativos a nivel nacional

Las invasiones se mantienen en 17 municipios de ocho departamentos del país.

La última se registró a inicio de junio en El Progreso, Yoro en una propiedad de la azucarera Azunosa.

A pesar que las autoridades judiciales ya habían desalojado al grupo de campesinos que desde hace algunas semanas se habían apoderado de la propiedad, la semana pasada el grupo regresó a instalarse de nuevo

El desalojo de hace una semana fue llevado a cabo por elementos de Seguridad del Estado bajo estrictas órdenes judiciales, después de que se determinara legalmente que los invasores carecían de cualquier fundamento para sus reclamos.

La reincidencia por parte de los campesinos amenaza no solo la operatividad de la azucarera, también el sustento de más de 3,000 familias directas y más de 15,000 personas de manera indirecta que laboran en la finca.

Félix Espinoza, campesino de Gracias a Dios dijo que “necesitamos que nos den un informe (la comisión) para saber cómo están llevando el proceso y que estemos enterados de los trabajos que están haciendo”.