La Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligó al Estado de Honduras en octubre de 2021 a pagar indemnizaciones a 42 buzos de la etnia misquita, que sufrieron accidentes debido a las inmersiones profundas sin las medidas de seguridad necesarias durante la pesca de langosta.
Los pescadores sufrieron síndrome de descompresión u otras enfermedades relacionadas con su actividad y unos 12 de ellos murieron.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también constató la muerte de siete buzos misquitos a causa de un incendio en la embarcación “Lancaster”, la cual fue provocada por la explosión de un tanque de gas butano.
Ese mismo incidente causó la desaparición del niño Licar Méndez Gutiérrez, quien fue abandonado en un cayuco por el dueño de la embarcación sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Para evitar que la historia se repita, personal de la Procuraduría General de la República, (PGR), Secretaría de Trabajo, Dirección de Marina Mercante, Secretaría de Salud y Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), con apoyo de la Base Naval realizaron una rigurosa inspección en varias embarcaciones pesqueras ancladas en el muelle de cabotaje de La Ceiba, para constatar si están cumpliendo con las normas de seguridad para realizar la labor de pesca por buceo.
“Todas estas instituciones a cargo de la inspección firman un acta integrada y la Secretaría de Trabajo emite una constancia la cual les permite a los propietarios de las embarcaciones el permiso para poder salir a pescar.
Este 30 de junio se vence la veda de la pesca industrial de langosta en el mar Caribe y se ocupará mano de obra de buceo, para salir a faenar este 1 de julio que se abre dicha veda.
Antes deben presentar esa constancia a la Marina Mercante como autoridad del mar les otorgue el zarpe”, expresó Carmen Barahona de la Dirección de Derechos de Humanos de la PGR.
Los Gobiernos están obligados a regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas realizadas por empresas privadas, que impliquen riesgos significativos para los derechos humanos. Ademas de adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones de derechos humanos también de investigar, castigar y reparar tales violaciones.
“El personal de cada institución tiene como función, por ejemplo, la Secretaría de Salud inspecciona las condiciones de salubridad de la embarcación. Digepesca observa que se cumpla su reglamento, la Secretaría de Trabajo investiga como están los contratos de trabajo, revisan si hay menores de edad en la lista de buzos y verifican que se cumpla el código de trabajo”, agregó Carmen Barahona.
También verifican si cada embarcación cuenta con el equipo necesario, como ser, los cilindros de oxígeno en buen estado, el reloj que les indica el tiempo que deben permanecer bajo el agua, entre otros requisitos.
En la inspección se constató que las empresas pesqueras revisadas reunían con los requerimientos necesarios. “Es bueno que se hagan estas inspecciones porque muchas veces hay empresas que abusan del trabajador con tal de obtener grandes ganancias. Hay varios casos y denuncias de compañeros que han sido afectados por esos abusos, que han quedado enfermos y algunos hasta han muerto”, dijo un pescador por buceo que prefirió el anonimato.
“Hay algunas empresas de embarcaciones que reportan una cantidad de buzos pero los que salen a pescar son otra lista porque ya lo hemos visto. En el mar está pendiente hacer otra inspección que es más onerosa”, dijo por su parte Franklin Garay de la Secretaría de Salud.
Pago de sentencia y otras medidas
En cuanto a la sentencia que debe cumplir Honduras, Carmen Barahona manifestó que “el Estado no cabe la posibilidad de que no cumpla porque la Corte Internacional está pendiente que cada punto resolutivo lo vayamos cumpliendo, emite resolución y nos va aprobando cada punto”.
Entre las medidas de reparación por parte del Estado de Honduras implicitas en el acuerdo están, brindar atención médica y psicológica integral y especializada a las víctimas y sus familiares, proporcionar becas educativas a las hijas e hijos y nietos de las víctimas. Así como el pago de indemnizaciones a los buzos y sus familiares.
También incluye una investigación exhaustiva de los hechos, identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables. Asimismo la búsqueda exhaustiva del paradero de las víctimas que permanecen desaparecidas.
Adicional, le obliga a elaborar y difundir un documental televisivo; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de desagravio y de compromiso de no repetición; publicar y difundir la sentencia.
Hasta ahora Honduras ha cumplido con el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado, la publicación de la sentencia la cual ya se publicó en el diario oficial La Gaceta. Asimismo el pago de gastos que acarreó la demanda internacional.
