Tegucigalpa, Honduras.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó este miércoles de intimidación una demanda penal del Gobierno hondureño contra el periodista Dagoberto Rodríguez “en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos”.
La querella fue presentada el martes por la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra el director de Radio Cadena Voces (RCV) por supuestas injurias y calumnias.
Acusó también al medio de difundir información sin pruebas como parte de una “campaña de desprestigio basada en información falsa, inexacta o inexistente”.
Se trata de “un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”, declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
“Acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental”, aseguró Dutriz.
“Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
“En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente”, agregó.
Libertad de prensa en Honduras
La SIP observa con preocupación la situación de la libertad de prensa en Honduras.
En enero pasado, la SIP se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 por injurias contra periodistas del diario El Heraldo.
En febrero, condenó una campaña de intimidación contra la prensa en Honduras de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes de información.
Posteriormente, el militar anunció que retiraría las denuncias, pero aún no lo ha concretado.
