La reforma al subsector eléctrico entra en una fase decisiva en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Energía continúa revisando el dictamen y la contrapropuesta presentada por la bancada del Partido Liberal (PL).
El proyecto ha sido analizado artículo por artículo durante las últimas semanas, en busca de los acuerdos necesarios para someter las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica a consideración del pleno.
Entre los cambios planteados figura el establecimiento de mayores requisitos de votación para determinadas decisiones administrativas. A la vez, el dictamen mantiene bajo propiedad estatal los principales activos de generación, transmisión y distribución de energía.
"Hemos ido viendo artículo por artículo y en algunos artículos sí hubo cambios, pero es un cambio para favorecer la reforma, donde los bienes de generación como El Cajón, Río Lindo y Cañaveral siguen siendo 100% propiedad del Estado y no se pueden embargar ni hipotecar", expresó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional.
La revisión del proyecto ocurre después de que se conociera la contrapropuesta elaborada por los diputados liberales, quienes durante varias semanas discutieron internamente las modificaciones que consideran necesarias para respaldar la reforma.
Uno de los componentes de la iniciativa contempla una reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) mediante la creación de tres empresas subsidiarias especializadas. Según el planteamiento, esta estructura permitiría incorporar inversión privada en áreas consideradas críticas, sin modificar la propiedad estatal de la infraestructura.
De acuerdo con las proyecciones del Poder Legislativo, la reorganización busca mejorar la atención a los usuarios, agilizar las reparaciones en la red de distribución y ampliar la cobertura del alumbrado público tanto en zonas urbanas como rurales.
"El objetivo de esta ley es darle un mejor servicio a la población, que pueda pagar menos y que tenga servicio las 24 horas del día sin apagones", afirmó Puerto.
El presidente de la comisión señaló que los costos de las tarifas están relacionados con contratos considerados onerosos de administraciones anteriores y con el impacto que, según explicó, tiene el comportamiento internacional del petróleo en los costos de generación térmica.
Como parte de la propuesta, se contempla realizar licitaciones públicas internacionales en las que participen empresas de generación renovable y térmica. La intención es promover una mayor competencia y reducir el costo de la energía a rangos de entre 8 y 10 centavos de dólar por kilovatio hora.
En cuanto a la situación financiera de la estatal eléctrica, el planteamiento establece que la Enee matriz mantendría la deuda histórica, mientras las nuevas subsidiarias destinarían parte de sus utilidades al pago de esas obligaciones.
"Hasta este momento creemos nosotros que la Enee matriz va a conservar la deuda y las subsidiarias estarán regresando parte de las ganancias para amortizar esta deuda a largo plazo", indicó el presidente de la comisión.
La propuesta también enfrenta cuestionamientos de sectores de la oposición, que advierten sobre un eventual beneficio para determinados grupos empresariales. Ante esas críticas, la comisión sostiene que el nuevo esquema pretende establecer condiciones de competencia y priorizar la contratación de la energía de menor costo.
"Se les va a demostrar que en ningún momento se favorece a nadie; al contrario, se permite la inversión privada para que la población reciba un servicio de calidad y a un precio justo", concluyó Puerto.
La Comisión de Energía prevé que las reformas puedan ser sometidas a discusión esta semana. Sin embargo, el avance del proyecto dependerá, entre otros factores, de la posición que adopten los diputados liberales, quienes tienen prevista una reunión la mañana de este martes para definir su postura.