Con 42 conflictos socioambientales activos en 10 departamentos, y niveles alarmantes de violencia y criminalización contra defensores de la tierra, expertos subrayan la urgente necesidad de políticas públicas integrales y la adhesión al Acuerdo de Escazú para mitigar estos problemas estructurales.
El informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) revela que la conflictividad socioterritorial y ambiental en Honduras ha aumentado debido a proyectos mineros, hidroeléctricos y de monocultivos.
Por invasiones, productores rematan fincas en Honduras
En un 50% del valor y hasta más baratas se encuentran fincas en diferentes partes de Honduras, los productores, sobre to...
Actualmente, hay 42 conflictos socioambientales activos en 10 departamentos del país, con Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán y La Paz, presentando los niveles más altos de conflictividad.
El experto ambientalista Pedro Landa advierte que la llegada de empresas chinas podría incrementar estos conflictos. Además, el informe destaca la violencia y criminalización contra defensores de la tierra, con 17 líderes ambientalistas atacados en el primer semestre de 2024.
El Cespad subraya la necesidad de políticas públicas para resolver estos problemas estructurales y la importancia de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú para mejorar la protección de los derechos ambientales y reducir la conflictividad.
El documento, “Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral”, publicado recientemente documenta, analiza y visibiliza los conflictos sociales y ambientales que persisten en el país, producidos por la concesión de bienes comunes de la naturaleza, sin la consulta de las comunidades. En Santa Bárbara, Cortés, Choluteca y Valle el nivel de conflictividad es medio y bajo.
Landa augura que los conflictos podrían incrementarse con la llegada de empresas de China, luego de establecer Honduras relaciones diplomáticas con el país asiático el año pasado.
“Creemos que se va a incrementar con la llegada de las empresas chinas que bajo el amparo del tratado comercial que se aprobó el año pasado, y la aprobación de una concesión que hizo el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa sobre las reservas de hierro que tenemos en el país, van a llegar en el corto o mediano plazo empresas chinas a extraer el hierro que tenemos, generando mayores niveles de conflictividad si no se toman las medidas”, advirtió.
Ataques contra defensores de la tierra
El informe del Cespad destaca que las tensiones territoriales en Honduras están provocando desalojos y criminalización de comunidades campesinas que defienden sus recursos. El documento subraya la necesidad urgente de que el Estado desarrolle políticas públicas para resolver los problemas estructurales del sector agrario y proteja los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.
La falta de protección estatal ha incrementado la violencia contra estos grupos, con 17 líderes ambientalistas y defensores de la tierra asesinados, atacados o judicializados en el primer semestre del año. Entre ellos, el reciente asesinato del ambientalista Juan López en Tocoa, Colón, quien fue atacado por hombres armados y falleció a causa de las heridas de bala.
El Cespad insta a una acción decidida para evitar que los conflictos socioterritoriales sigan profundizando la desigualdad y la violencia en el campo.
Además de tener el rol de concejal, Juan López se destacó por su labor de defensa de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, y por su oposición a un megaproyecto extractivo de la zona.
El monitoreo del Cespad indica que en enero del 2024 fue asesinado el periodista y defensor del medio ambiente en Santa Bárbara, Luis Alonzo Teruel; y durante los siguientes meses se reportaron ataques a otros defensores territoriales y líderes campesinos.
A esta alarmante situación se suma la falta de respuestas y resultados en las investigaciones sobre los ataques contra defensores de la tierra, afirmó el Cespad.
Uno de los hallazgos que destaca el informe de Cespad es la falta de eficiencia por parte de la institucionalidad para prevenir y solucionar las tensiones territoriales y ambientales.
Aunque el documento establece algunas acciones que desde las entidades estatales se están desarrollando, las mismas son limitadas, lo que genera la necesidad de un compromiso del Estado para impulsar políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales.
El Acuerdo de Escazú
Los expertos coinciden que es necesario que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú, tratado que fue adoptado por 24 países latinoamericanos en 2018 y que entró en vigor en 2022. El acuerdo plantea el derecho de acceso a la información pública, es decir, obligaría al Estado a informar a las poblaciones sobre las ventajas, riesgos y acciones de mitigación que tendrán los proyectos antes de ser aprobados
Posteriormente, establece el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones, lo que significa que una vez informadas las comunidades, podrán decidir si apoyan o no la ejecución de los proyectos. Así como el derecho a la justicia en asuntos ambientales que traería protección a los defensores del medio ambiente y las comunidades.
Landa, quien también es integrante de la Red Hondureña por Escazú, manifestó que al adherirse Honduras al acuerdo se reducirían enormemente los conflictos socioterritoriales y ambientales, además se fortalecería la lucha contra el cambio climático, reduciría la vulnerabilidad ambiental y mejorarían las inversiones.
Sectores llaman al Gobierno a unirse al Acuerdo de Escazú
A través de la iniciativa ciudadana que presentarán al Congreso Nacional, organizaciones buscan que el acuerdo sea ratif...
Lamentablemente, el acuerdo se ha mantenido engavetado por más de dos años en el Poder Ejecutivo, lo que demuestra la poca voluntad de parte de las autoridades.
Lucía Vijil, asesora de Justicia Ambiental y Ecológica del Cespad, dijo que el Acuerdo de Escazú es el primer gran pacto ambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
El tratado garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, lo que lo convierte en un instrumento sumamente relevante para la región, puntualizó Vijil; no obstante, señaló que existen “múltiples intereses que obstaculizan la adhesión de Honduras a este tratado”.
