Pago de extorsión o la muerte: maras aterrorizan a transportistas en Honduras
Cientos de conductores y ayudantes han sido asesinados en Honduras por pandillas porque los propietarios de las unidades se niegan a pagar extorsión o porque no están dispuestos a pagar más dinero.
La profesión de conducir un taxi o un autobús en Honduras y Guatemala se ha convertido en un oficio de alto riesgo, viéndose los conductores muchas veces asediados entre el pago de las extorsiones o la muerte, con más de 5.000 choferes asesinados entre 2010 y 2024 en estos países.
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A finales de agosto pasado, un conductor de un bus extraurbano fue sorprendido por sicarios en una motocicleta y asesinado a tiros cuando apenas llevaba 10 kilómetros de haber salido de la Ciudad de Guatemala e iniciado su recorrido habitual.
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Los pasajeros alertaron a los bomberos y compartieron imágenes del crimen en redes sociales.
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Esta escena se repite en las carreteras de Guatemala y Honduras, donde los choferes se sienten a la deriva sin apoyo de sus autoridades o incluso de sus patronos, quienes en muchos casos se niegan a pagar la extorsión pedida por las pandillas que operan en ambas naciones del norte de Centroamérica.
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Estas pandillas o ‘maras’ formadas por jóvenes y adultos dominan algunos barrios de Honduras y Guatemala con un ‘modus operandi’ basado en el asesinato y las extorsiones, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
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Estas organizaciones criminales han obligado a muchas empresas de transporte a cerrar temporalmente sus operaciones por el cobro de extorsiones, así como a suspender sus labores a decenas de taxistas y choferes de transporte urbano en las principales ciudades y departamentos.
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En Honduras, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) registró entre 2010 y septiembre de 2024 unas 2.300 muertes violentas de personas vinculadas al sector del transporte.
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Además, en el mismo periodo un estimado de 1.140 conductores de taxis y mototaxis fueron asesinados, de acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).
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En Guatemala, entre 2014 y 2024 la PDH local sumó 2.000 homicidios contra personas en transporte público, entre estos unos 640 conductores de buses extraurbanos que atraviesan el país.
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Juan José, un conductor de taxi en Tegucigalpa al que no se identifica con su nombre completo por seguridad, explicó que la profesión se ha vuelto “peligrosa” por la violencia y el cobro de extorsiones de parte de las pandillas.
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“Es preocupante la cantidad de compañeros que nos matan todos los meses, eso nos tiene de rodillas, porque no sabemos qué hacer ni a quién recurrir para encontrar una solución”, lamenta Juan José, que trabaja como taxista desde hace 20 años.
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Muchos taxistas han sido asesinados por pandillas porque los propietarios de las unidades “se niegan a pagar extorsiones o porque no están dispuestos a pagar más dinero”, afirma Juan José.
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Decenas de conductores han perdido la vida por no pagar “el impuesto de guerra” que les cobran las pandillas, mientras que otros se han visto obligados a desplazarse forzosamente, denunció la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.
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Reyes indica que “se ha identificado que los transportistas son una de las poblaciones con alto desplazamiento forzado” debido a las amenazas y atentados que sufren cuando “no pagan la extorsión”.
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Desde 2016 a la fecha, el Conadeh atendió unas 300 quejas de transportistas que denunciaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado.
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Los transportistas alegan ser víctimas de amenazas y extorsión, y los principales responsables fueron desconocidos o miembros de pandillas.
