Washington. El anuncio de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tomará medidas ejecutivas sobre la reforma migratoria hasta después de las elecciones de noviembre, dado a conocer ayer, ha causado una “profunda decepción” entre los grupos en California que promueven la legalización de los inmigrantes.
“Debido a la extrema politización de este asunto, el Presidente cree que sería dañino para la propia medida y las perspectivas a largo plazo de una reforma migratoria integral anunciar una acción ejecutiva antes de las elecciones”, afirmó un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, en una conferencia telefónica con periodistas.
De este modo, Obama cede a las presiones ejercidas por legisladores de su propio partido, el Demócrata, quienes consideraban que estas acciones podían perjudicar a algunos candidatos en las elecciones claves del próximo noviembre.
En estos comicios, en los que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, los demócratas temen perder el control de la Cámara alta. Conscientes de las críticas que este aplazamiento tendrá entre los activistas pro reforma, y especialmente la comunidad hispana, la Casa Blanca señaló que Obama solo ha decido postergar la cuestión y tomará estas acciones ejecutivas antes de finales de año.
“La decisión no es sobre si actuará o no; actuará antes del fin de 2014”, indicó el alto cargo.
Desde estos grupos, la reacción no se hizo esperar y salieron rápidamente a mostrar su enfado.
“El presidente Obama ha roto una promesa más de las que hizo a las familias inmigrantes. Al ceder ante los temerosos senadores demócratas y los intimidadores republicanos, ha decidido poner la política delante de las vidas de los inmigrantes y las urgentes necesidades de EUA”, aseguró Deepak Bhargava, del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (Firm, en inglés), en un comunicado.
Bhargava consideró la decisión “tremendamente dura y un cálculo político miope” que “sacrifica” a las familias inmigrantes.
El portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, por su sigla en inglés), Jorge Mario Cabrera, calificó de “decepcionante” la “decisión mal informada”.
“Los cambios administrativos para que millones emerjan de las sombras del quebrantado sistema migratorio son necesarios ahora, no mañana”, enfatizó el representante de Chirla, una de las entidades que más presión han ejercido al mandatario para que cumpla sus promesas sobre la reforma migratoria.
Cabrera aseguró que el resultado de este nuevo incumplimiento del Presidente hacia la comunidad inmigrante se dejará sentir de forma adversa para sus intereses en las próximas elecciones legislativas, en noviembre.
Obama había situado, al comienzo de su segundo mandato presidencial, la reforma migratoria como una de las prioridades de su agenda política.
A finales del pasado junio, aseguró que, dado el bloqueo de los republicanos en el Congreso, que controlan la Cámara de Representantes, tomaría estas medidas ejecutivas antes del final del verano con el objetivo de encontrar una forma para solucionar la situación de los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que, se calcula, hay en el país.
Entre las medidas que baraja el Presidente se encuentra la extensión del alcance del programa de Acción Diferida (Daca), que protege a jóvenes indocumentados de la deportación, o la ampliación del número de tarjetas de residencia (“green cards”) que se conceden al año en el país. También los republicanos aprovecharon el anuncio para criticar la “retórica vacía” de Obama. “El Presidente sigue jugando a hacer política con un asunto tan importante (...). Sus promesas rotas son un bofetada en la cara de millones de hispanos en EUA”, aseguró Ruth Guerra, portavoz del Partido Republicano.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, indicó: “Cualquier acción unilateral solo tensará aún más la confianza entre la Casa Blanca y la gente”.
Un proyecto de reforma migratoria bipartidista logró ser aprobado el año pasado en el Senado, de mayoría demócrata, pero se encuentra estancado en la Cámara de Representantes, donde los republicanos prefieren una reforma por partes del sistema migratorio y condicionada al aumento de los recursos en materia de seguridad fronteriza.
