Tegucigalpa, Honduras.
El polémico fallo que emitió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tomó ayer un nuevo giro, luego de confirmarse que se encuentra en trámite un recurso de apelación que deja en suspenso la ejecución de una demanda contra al Estado de Honduras que le ordena pagar 126 millones de lempiras a la empresa Pharmasula S.A. de C.V.
Al menos esas fueron las explicaciones que ofreció el presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, quien tuvo que salir a hacer las aclaraciones del caso, tras el escándalo y el malestar que desató el veredicto de la Sala Constitucional que supuestamente ratificaba una millonaria demanda contra el Estado.
“Sobre todo hay que aclararle a la opinión pública que hasta este momento el Estado no está en la obligación, por no haber sido condenado todavía, de pagar una suma de 126 millones de lempiras como ha trascendido en los medios”, dijo el magistrado presidente.
La resolución emitida el pasado 25 de noviembre por dicha sala desató un mar de críticas porque se supone que la sentencia estuvo plagada de supuestas irregularidades al integrarse a tres magistrados que no forman parte de esa instancia y que en la cédula de notificación aparecía el nombre de la magistrada propietaria Estela Cardona, quien se encontraba en ese momento de viaje.
Aclaraciones
El fin de semana la Corte Suprema se vio obligada a sacar una “aclaración necesaria” en la que resume todo el proceso judicial del caso Pharmasula, hasta la última resolución adoptada por la Sala Constitucional el pasado 25 de noviembre, que desató la polémica.
Ante los múltiples cuestionamientos, Rivera Avilés, aclaró que lo que hay en el caso son dos recursos interpuestos simultáneamente por la Procuraduría General de la República (PGR) el 13 de junio de 2014.
Se trata de un recurso de apelación y otro de amparo en contra del auto o decisión del juez de primera instancia que rechazó un escrito de oposición de la PGR a la ejecución de la orden de pago y embargo de las cuentas de la Secretaría de Salud exigido por el representante de Pharmasula.
En ese contexto, el magistrado presidente explicó que la Sala de lo Constitucional lo que resolvió la semana pasada consistió simplemente en ratificar la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de sobreseer o inadmitir el recurso de amparo interpuesto por la PGR por improcedente, ya que antes de este se deben haber agotado todos los recursos anteriores, según establece la Ley Sobre Justicia Constitucional.
“Todos sabemos que cuando se interpone un recurso de amparo es porque se han agotado todos los recursos anteriores, en este caso, está claro que hay un recurso de apelación pendiente que se debe conocer antes del recurso de amparo y eso es lo que se ha fallado, es decir, que regrese al juzgado para que dé curso a la apelación atendiendo el expediente nuevamente la Corte de Apelaciones para que se conozca este recurso ordinario”, apuntó.
En ese sentido, Rivera Avilés enfatizó que mientras se resuelve dicho recurso el Estado de Honduras no está obligado a pagar los 126 millones de lempiras que exige Pharmasula.
“Debe conocerse primero el recurso de apelación para ver si a través de este recurso se le da admisión a la oposición a la ejecución que ha presentado la Procuraduría General de la República. Si se le da el curso correspondiente a la oposición entonces el juicio se abre y el Estado tendrá que probar que no debe esa cantidad”, explicó.
En torno a los cuestionamientos sobre su integración y la de otros dos magistrados suplentes en la sesión de la Sala Constitucional en la que se tomó la resolución, adujo que desconocía que existiese un acuerdo en el sentido que el caso no se iba ventilar en tanto no estuvieran los cinco propietarios que integran esa instancia.
Por lo anterior, dijo que él y sus colegas Tomás Arita y Reina Solórzano decidieron abstenerse de conocer el recurso de reposición presentado por la PGR la semana anterior, en vista que los tres magistrados que estuvieron ausentes ya se integraron.
La magistrada Estela Cardona dijo a LA PRENSA que es posible que el recurso de reposición de la PGR podría resolverse hasta el nuevo año, cuando regrese de vacaciones el personal del Poder Judicial.
