San Pedro Sula, Honduras.
Las investigaciones de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico desde hace varios años llevaron a la ejecución de varios operativos que buscaban incautar los bienes de Carlos Arnoldo “Negro” Lobo.
Operativos en Roatán, La Ceiba, San Pedro Sula y Esparta en Atlántida en el 2011, 2012 y 2014 dejaron bajo la administración del Estado cuatro empresas pesqueras, terrenos, una casa de playa, botes pesqueros, embarcaciones, cuentas bancarias en lempiras y dólares, 22 carros y 43 viviendas.
Todos estos bienes mediante un fallo judicial, decretado por el juez con Jurisdicción Nacional de Privación de Dominio serán puestos legalmente a disposición del Estado de Honduras; pero será hasta el 5 de septiembre cuando quede en firme el fallo judicial.
Es en esa fecha que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) establecerá el valor de todos los bienes del extraditado, muchos serán subastados para que los fondos sean distribuidos a las instituciones que establece la Ley de Lavado de Activos.
La defensa de uno de los afectados con el fallo anunció que presentará un recurso de reposición contra la resolución emitida por el Juzgado de Privación de Dominio, después del 5 de septiembre, cuando se dé la sentencia.
En desacuerdo
Pero la resolución judicial para expropiar los bienes de Carlos Arnoldo Lobo no fue bien vista por sus apoderados legales. “Consideramos que es una forma descarada por parte del Estado de Honduras de apropiarse de bienes muebles e inmuebles de connacionales donde no se ha probado su culpabilidad o responsabilidad”, reaccionó ayer Raúl Suazo, apoderado legal de Lobo.
El representante de Lobo explicó que la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito establece las razones por las cuales se puede privar de los bienes a una persona. Estas son: que estén ligadas al narcotráfico comprobado mediante sentencia o que los bienes no tengan justificación u origen.
En este caso, indicó que Carlos Arnoldo Lobo no fue condenado en Honduras ni tiene hoja de antecedentes penales. Suazo aseguró que en el juzgado logró demostrar que su representado tiene una profesión, que adquirió préstamos bancarios, que recibía transferencias producto de actividades pesqueras.
“El Estado se está apropiando, de forma injusta, de bienes que realmente se van a distribuir sin que se le haya demostrado al señor Lobo que es un narcotraficante, sin que se le haya dicho que no pudo justificar sus bienes. Lo que está haciendo el Estado es robándose descaradamente los bienes de los nacionales”, agregó Suazo.
Apelarán el fallo
Clave para los defensores será el 5 de septiembre, cuando el Juzgado de Privación detallará cuál es el alcance de la sentencia. Ahí se sabrá la cantidad de los bienes expropiados y en cuánto están valorados. Una vez analizados los argumentos se interpondrá el recurso de apelación, anunció el abogado.
“La expropiación de bienes aún no es firme. Se especuló mucho con la cuantía de los bienes, que es probable que ni lleguen a 100 millones de lempiras.” apuntó.
El defensor recordó que hace unos meses impugnó la Ley de Privación de Bienes porque la Constitución de la República prohíbe la confiscación, y la ley entró en vigor el 16 de agosto de 2010 y que Lobo adquirió sus bienes desde 1992.
Las investigaciones de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico desde hace varios años llevaron a la ejecución de varios operativos que buscaban incautar los bienes de Carlos Arnoldo “Negro” Lobo.
Operativos en Roatán, La Ceiba, San Pedro Sula y Esparta en Atlántida en el 2011, 2012 y 2014 dejaron bajo la administración del Estado cuatro empresas pesqueras, terrenos, una casa de playa, botes pesqueros, embarcaciones, cuentas bancarias en lempiras y dólares, 22 carros y 43 viviendas.
Todos estos bienes mediante un fallo judicial, decretado por el juez con Jurisdicción Nacional de Privación de Dominio serán puestos legalmente a disposición del Estado de Honduras; pero será hasta el 5 de septiembre cuando quede en firme el fallo judicial.
Es en esa fecha que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) establecerá el valor de todos los bienes del extraditado, muchos serán subastados para que los fondos sean distribuidos a las instituciones que establece la Ley de Lavado de Activos.
La defensa de uno de los afectados con el fallo anunció que presentará un recurso de reposición contra la resolución emitida por el Juzgado de Privación de Dominio, después del 5 de septiembre, cuando se dé la sentencia.
En desacuerdo
Pero la resolución judicial para expropiar los bienes de Carlos Arnoldo Lobo no fue bien vista por sus apoderados legales. “Consideramos que es una forma descarada por parte del Estado de Honduras de apropiarse de bienes muebles e inmuebles de connacionales donde no se ha probado su culpabilidad o responsabilidad”, reaccionó ayer Raúl Suazo, apoderado legal de Lobo.
El representante de Lobo explicó que la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito establece las razones por las cuales se puede privar de los bienes a una persona. Estas son: que estén ligadas al narcotráfico comprobado mediante sentencia o que los bienes no tengan justificación u origen.
En este caso, indicó que Carlos Arnoldo Lobo no fue condenado en Honduras ni tiene hoja de antecedentes penales. Suazo aseguró que en el juzgado logró demostrar que su representado tiene una profesión, que adquirió préstamos bancarios, que recibía transferencias producto de actividades pesqueras.
“El Estado se está apropiando, de forma injusta, de bienes que realmente se van a distribuir sin que se le haya demostrado al señor Lobo que es un narcotraficante, sin que se le haya dicho que no pudo justificar sus bienes. Lo que está haciendo el Estado es robándose descaradamente los bienes de los nacionales”, agregó Suazo.
Apelarán el fallo
Clave para los defensores será el 5 de septiembre, cuando el Juzgado de Privación detallará cuál es el alcance de la sentencia. Ahí se sabrá la cantidad de los bienes expropiados y en cuánto están valorados. Una vez analizados los argumentos se interpondrá el recurso de apelación, anunció el abogado.
“La expropiación de bienes aún no es firme. Se especuló mucho con la cuantía de los bienes, que es probable que ni lleguen a 100 millones de lempiras.” apuntó.
El defensor recordó que hace unos meses impugnó la Ley de Privación de Bienes porque la Constitución de la República prohíbe la confiscación, y la ley entró en vigor el 16 de agosto de 2010 y que Lobo adquirió sus bienes desde 1992.
