Tegucigalpa, Honduras
El gobierno de Honduras encargó a una unidad de policías, militares y fiscales la investigación de al menos 147 asesinatos, aún impunes, ocurridos en el Valle del Aguán (norte) por disputas de tierras entre campesinos y terratenientes, informaron este jueves fuentes oficiales.
'El esquema que llevamos es a ir a resolver estas muertes violentas, establecer cuáles fueron las causas, quiénes son los responsables', anunció en rueda de prensa el fiscal general, Oscar Chinchilla, junto al jefe de la policía, Ramón Sabillón.
Añadió que 'estaremos alertas a todas las hipótesis' para esclarecer los crímenes en la zona del Aguán, unos 600 km al norte de Tegucigalpa, en el departamento de Colón.
Chinchilla dijo que existen varias hipótesis: 'que son los terratenientes los que han tenido que ver en la mayor parte de las muertes (...), que son conflictos entre los mismos campesinos (...) o que hay participación del crimen organizado'.
'No podemos descartar (ninguna) tenemos que tomarlas todas, investigarlas y al final determinar (...) independientemente de que una u otra muerte responda a una de estas hipótesis, investigar y enjuiciar al que sea responsable', subrayó.
Además, informó que la unidad se instalará en breve en la ciudad de Tocoa, cabecera de Colón, y comenzará con 147 casos.
El pasado 12 de febrero, el director de la organización Human Rights Watch (HWR), el chileno José Miguel Vivanco, consideró 'gravísima' la impunidad que aun rodea la muerte de campesinos del Bajo Aguán.
'Aquí no hay investigaciones, (hay) impunidad en homicidios y otros abusos', subrayó al presentar un informes tras un año de investigaciones en la zona.
Relató que el conflicto surgió en 2009 tras una reforma agraria que permitió a campesinos venderle a terratenientes grandes parcelas de tierra cultivadas de palma africana, pese a la oposición de las comunidades beneficiadas que administraban sus parcelas de forma colectiva.
Muchas comunidades acudieron a tribunales para impugnar la legitimidad de las reformas. En represalia, los campesinos fueron objeto de 'golpizas y asesinatos', así como intimidación, amenazas y violencia por parte de guardias de seguridad privada contratados por los terratenientes, denunció Vivanco.
También, se comprobó que miembros de fuerzas de seguridad pública llegados a la zona para restablecer el orden, realizaron detenciones arbitrarias, torturas y desalojos forzados.
Reconoció que el gobierno del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014) intentó mitigar el problema con promesas de tierras, que cumplió a medias. AFP
