Las irregularidades no dejan de salir a flote en la alcaldía de San Pedro Sula. El alcalde Armando Calidonio denunció en su Twitter que empleados vendían boletos clonados en las casetas de peajes.
El jefe edilicio fue cuestionado por una ciudadana que le reclamó por qué se están entregando supuestos sobres de despidos a medianoche. Calidonio le respondió contundentemente: “Los boletos clonados los vendían en la noche también. La corrupción es un mal que se combate a todas horas, no nos detendremos”.
Agregó que los términos legales se deben cumplir y que “gente que vendía boletos clonados en los peajes no puede trabajar en la Municipalidad”.
El alcalde reiteró que va a luchar contra la corrupción y que él no solo trabaja ocho horas. “Vamos a luchar contra la corrupción a la hora que sea. Un cuerpo de abogados trabaja conmigo. Nosotros no trabajamos ocho horas”, respondió Calidonio.
Informes obtenidos por LA PRENSA establecen que se despidió a tres empleados de la administración anterior identificados como Magda Ruth Zelaya Hernández, Jenny Patricia Ramírez Sandoval y Juan Ramón León Domínguez, quienes aparentemente clonaban los recibos; de esa forma le entregaban siempre al ciudadano el comprobante por su pago, pero el dinero no ingresaba a las arcas municipales.
Una de las primeras acciones del nuevo alcalde fue cambiar el sistema de cobro en las casetas de peaje y al personal. Un estudio elaborado por Soptravi (Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda) en junio del 2010 reveló que al menos unos cinco millones de lempiras se fugaban mensualmente de las casetas.
Este mes los ingresos, estima, aumentarán en 1.8 millones de lempiras; lo que anteriormente se ha estado recaudando oscila entre ocho y nueve millones de lempiras.
Actualmente se desarrolla un proceso de verificación del personal para conocer los puestos que desempeñan y si están laborando. Calidonio advirtió que la persona que no esté en su trabajo no recibirá salario.
Investigaciones
En menos de un mes han salido a la luz pública diferentes irregularidades que supuestamente se han estado cometiendo desde hace varios años en esa administración.
La más reciente es la investigación que se le sigue a la presidenta del sindicato municipal Ana María Ríos y a la funcionaria prófuga Ada Muñoz, quien ha sido tesorera de esa organización, por no haber presentado informes financieros en 16 años de esa organización.
El viernes se requirió a Ríos y se obtuvieron documentos de las oficinas del sindicato para corroborar la denuncia.
En una asamblea este fin de semana, directivos del sindicato calificaron las acusaciones como una persecución y una estrategia para destruir esa organización.
Ríos aseguró que no tiene miedo y que está abierta a las investigaciones porque no tiene nada que esconder. Al ser consultada con cuántos fondos cuenta el sindicato no supo responder.
Ríos denunció que se han estado entregando sobres de despidos al personal a la medianoche y en patrullas, lo que consideró ilegal y señaló que defenderán a los empleados.
No descartó que durante la semana haya protestas y aseguró que tiene el apoyo de las centrales obreras.
El 29 de enero, la Fiscalía Especial contra la Corrupción intervino la oficina de Control de Ingresos, Informática, Auditoría y hasta la Procesadora de Carne (Promuca), obteniendo documentos sobre los cuales ahora se desarrollan investigaciones. Esa tarde se allanó la casa de la jefa de esa dependencia, Ada Muñoz, a quien se le acusa por malversación de caudales públicos, defraudación fiscal, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Al día siguiente se le libró orden de captura. Desde entonces no se ha sabido nada de su paradero.
Muñoz está bajo un proceso laboral para determinar su situación como empleada, por lo que legalmente aún no ha dejado de ser parte de la alcaldía.
