El Progreso, Yoro, Honduras
El centro penal de El Progreso se encuentra bajo la lupa de las autoridades, quienes han identificado a una banda que ordenó los asesinatos de jueces, abogados, policías y ciudadanos, además de dirigir las extorsiones, asaltos y venta de drogas.
La estructura criminal, según las autoridades, está jefeada por el recluso alias Mano León, que fue capturado el 10 de enero de 2013 por violación y robo agravado cometido en un restaurante de comida rápida en El Progreso el 25 de noviembre de 2012.
“El cabecilla de esa red es Erick Josué Mendoza Martínez, conocido en el bajo mundo como Mano León, quien tomó el control de la banda cuando José Adalid Hernández Iriarte, el Charro, abandonó el penal. Investigamos también a una red de taxistas que opera junto a este grupo, en colusión con contactos en las afueras del centro penal que los apoyan en los ilícitos” explicó uno de los investigadores de la unidad de inteligencia de la Fuerza Interagencial de la Policía Nacional.
Las autoridades vinculan a la banda en los asesinatos de Javier Padilla, un abogado que murió en junio del 2012; en el atentado del comisario Marlon Vásquez Palma, subjefe de la Policía en el departamento de Yoro, ocurrido el 2 de marzo de 2013.
Además en la muerte del periodista Aníbal Barrow, ocurrida el 24 de junio de 2013, el asesinato contra la jueza Mireya Mendoza, cometido el 24 de julio del 2013, y en el asalto a una financiera en Choloma, donde murió el guardia de seguridad Jonathán Perdomo el 1 de febrero de este año.
Cómo operan
En el trabajo de seguimiento, las autoridades aseguran que esta es una red bien montada que tiene al presidio progreseño como su punto de operaciones.
“No podemos cuantificar el número de personas que integran la banda, pero sí sabemos que son buscados para cometer asesinatos, por los cuales pagan de 30 a 80 mil lempiras, según la víctima. Los enlaces que tienen fuera del penal son los que ejecutan los delitos que son ordenados vía teléfono móvil. El seguimiento nos ha permitido identificar a algunos miembros de la estructura”, dijo el agente de inteligencia.
Según las investigaciones policiales, para asesinar a determinada persona, la banda exige el pago adelantado del 50% del valor por el “trabajo” que se ordena. Cuando se notifica que la muerte fue consumada se cancela el resto del pago.
“Son fríos, calculadores, y ante la cantidad de asesinatos que han cometido no les importa la condición de las víctimas, su rango, ni mucho menos las familias.
Ellos operan por dinero y solo cumplen con la orden que desde el centro penal les dan, donde no solo matan, sino que extorsionan, asaltan y hasta violan”, dijo el investigador.
Unir los cabos para vincular cada asesinato ha sido la tarea de los investigadores, a quienes les ha llevado tiempo conectar cada caso; pero al final, la conclusión es la misma: la orden se dio desde el penal de El Progreso.
“Hay detalles precisos en la investigación que van conectando con la banda de Mano León. Hasta ahora tenemos cinco casos vinculados a la banda, pero hay otros homicidios que se analizan para determinar si los mismos fueron ejecutados por la red”, expuso el agente.
Tienen pactos
Si hay una regla que no rompe está banda es que pese a las diferencias que existan en el interior del penal con otros reclusos, su pacto es no matar dentro del reclusorio, según las investigaciones.
“Están claras las reglas, todas las diferencias que puedan tener con otros reclusos las arreglan fuera del penal. Prueba de ello fue lo ocurrido en 2013 cuando asesinaron a 500 metros del penal a René Omar Lamburt, un expresidiario a quien mataron al solo salir del centro. Como este caso hay muchos más”, refirió el agente.
La mayor parte de sicarios que están al servicio de la banda de Mano León son expresidiarios del penal progreseño. Para las autoridades aquí se genera el semillero de criminales que por ahora ha cobrado la vida de varias personas.
La Policía asegura que está tras la pista de el Charro, a quien se le suspendió la libertad condicional, porque se libraron nuevas órdenes de captura por otros delitos en agosto de 2012; pero ahora no tienen pistas de su paradero.
“El bloqueo de señal es uno de los primeros pasos para ir desarticulando los ilícitos que desde este centro penitenciario se han venido cometiendo en contra de la ciudadanía. Sin embargo, hay otras medidas que se van a implementar para evitar que se cometan otras muertes”, afirmó el investigador.
