San Pedro Sula, Honduras.
Un campesino fue asesinado anoche en el Valle del Aguán, 600 km al noreste de Tegucigalpa, lo que eleva a dos en menos de una semana las víctimas del encarnizado conflicto por la tierra en esa región, que ha dejado más de un centenar de muertos en tres años.
'Sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a otro campesino, Manuel Ochoa, de 48 años de edad, perteneciente a la cooperativa La Chile', anotó un informe del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca).
La portavoz de la agrupación, Karla Zelaya, dijo a la AFP que 'Ochoa, según testigos, se transportaba la noche del lunes en una bicicleta hacia la finca La Concepción cuando dos sicarios le dispararon en el rostro'.
Por el momento, las autoridades policiales no han confirmado ni negado el hecho.
Según otro portavoz del Muca, Vitalino Alvarez, un total de 113 campesinos han muerto desde que se inició el conflicto en 2010.
Por su parte, los terratenientes registran la muerte violenta de 18 empleados de seguridad privada y administrativos en ese mismo lapso, lo que arroja un total de 131 víctimas.
Aunque los asesinatos se habían detenido desde agosto pasado, el jueves de la semana anterior fue asesinado el campesino Eulalio Martínez, en una emboscada atribuida por la dirigencia campesina a sicarios de los terratenientes.
El conflicto estalló en enero de 2010, un mes después de que miles de campesinos ocuparon vastas extensiones de tierras sembradas con palma africana, que están en manos de ricos terratenientes.
Los campesinos han ocupado las parcelas a la fuerza argumentando que son sus legítimos dueños, pues el gobierno se las entregó en la década de 1980 en el marco de una reforma agraria.
En 1992, una ley permitió que esos predios fueran vendidos, y algunos dirigentes de los agricultores, a espaldas de sus bases, las cedieron a precios bajos a los terratenientes.
Para tratar de frenar los crímenes, el gobierno del presidente Porfirio Lobo emitió en agosto de 2012 un decreto de desarme (y mandó 2.000 militares y policías a hacerlo cumplir), en la zona donde operan también bandas delictivas y miembros de cárteles del narcotráfico.
No obstante, los campesinos denuncian que los militares y policías protegen a los guardias de los latifundistas.
Un campesino fue asesinado anoche en el Valle del Aguán, 600 km al noreste de Tegucigalpa, lo que eleva a dos en menos de una semana las víctimas del encarnizado conflicto por la tierra en esa región, que ha dejado más de un centenar de muertos en tres años.
'Sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a otro campesino, Manuel Ochoa, de 48 años de edad, perteneciente a la cooperativa La Chile', anotó un informe del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca).
La portavoz de la agrupación, Karla Zelaya, dijo a la AFP que 'Ochoa, según testigos, se transportaba la noche del lunes en una bicicleta hacia la finca La Concepción cuando dos sicarios le dispararon en el rostro'.
Por el momento, las autoridades policiales no han confirmado ni negado el hecho.
Según otro portavoz del Muca, Vitalino Alvarez, un total de 113 campesinos han muerto desde que se inició el conflicto en 2010.
Por su parte, los terratenientes registran la muerte violenta de 18 empleados de seguridad privada y administrativos en ese mismo lapso, lo que arroja un total de 131 víctimas.
Aunque los asesinatos se habían detenido desde agosto pasado, el jueves de la semana anterior fue asesinado el campesino Eulalio Martínez, en una emboscada atribuida por la dirigencia campesina a sicarios de los terratenientes.
El conflicto estalló en enero de 2010, un mes después de que miles de campesinos ocuparon vastas extensiones de tierras sembradas con palma africana, que están en manos de ricos terratenientes.
Los campesinos han ocupado las parcelas a la fuerza argumentando que son sus legítimos dueños, pues el gobierno se las entregó en la década de 1980 en el marco de una reforma agraria.
En 1992, una ley permitió que esos predios fueran vendidos, y algunos dirigentes de los agricultores, a espaldas de sus bases, las cedieron a precios bajos a los terratenientes.
Para tratar de frenar los crímenes, el gobierno del presidente Porfirio Lobo emitió en agosto de 2012 un decreto de desarme (y mandó 2.000 militares y policías a hacerlo cumplir), en la zona donde operan también bandas delictivas y miembros de cárteles del narcotráfico.
No obstante, los campesinos denuncian que los militares y policías protegen a los guardias de los latifundistas.
