Una radiografía de la situación de los derechos humanos en Honduras, realizada por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reveló que durante la administración del presidente Porfirio Lobo han muerto violentamente alrededor de 80 periodistas y abogados y más de 160 víctimas en el Bajo Aguán.
A lo anterior se suma, según el documento, la muerte de 420 privados de libertad, 135 policías fallecidos violentamente entre 2011 y 2012, cerca de un centenar de taxistas asesinados en 2012 y más de medio centenar de miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGTB) ultimados en los últimos tres años.
Ramón Custodio, titular del organismo humanitario, declaró que el contexto de la realidad nacional de Honduras es bastante complejo.
Añadió que en el país persiste una crisis financiera e institucional con una violencia extrema que resulta de la precariedad de la seguridad pública frente al desafío de la criminalidad común y organizada. Aseguró que, en Honduras, tanto el ejercicio del derecho como del periodismo, así como el trabajo de policías y taxistas se han convertido, en los últimos años, en actividades de alto riesgo.
El Conadeh reveló que alrededor de 92 muertos y más de 70 heridos es el saldo trágico en el Bajo Aguán en los tres últimos años de la presente administración.
El informe establece que entre las víctimas habría, al menos, 52 campesinos, 18 guardias, 4 policías, 2 soldados, 6 empleados de la Corporación Dinant, el apoderado legal de un movimiento campesino y 9 particulares.
Aunque no se tiene un dato exacto, se estima que alrededor de una decena de personas han desaparecido durante la crisis, señala el documento.
De acuerdo con el organismo humanitario, todos estos hechos prueban la violencia practicada por ambas partes e igualmente tolerada por las autoridades del país.
53 abogados asesinados
En esta radiografía de la inseguridad en el país, al menos 53 profesionales del derecho perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de la administración Lobo.
Establece que entre las víctimas figuran 43 hombres y 10 mujeres; alrededor del 95% de estos casos se encuentran en la impunidad.
Uno de los hallazgos del estudio del Conadeh es que entre los abogados muertos violentamente figuran especialistas en derecho penal y derecho mercantil, jueces de Tránsito, de la Niñez y de Letras, fiscales del Ministerio Público, asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias, instituciones del Estado y organizaciones campesinas y otros que combinaban su profesión con actividades empresariales y religiosas.
Luto en el periodismo
A las muertes violentas de abogados,policías y taxistas y las registradas en el Bajo Aguán se suman los asesinatos, secuestros, atentados, persecuciones, amenazas de muerte, extorsiones, ataques contra parientes, agresiones e incluso el exilio del que son víctimas los periodistas y comunicadores en el país. Desde el inicio de la presente administración, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró hechos que se constituyen en verdaderas amenazas contra las libertades de expresión y de información en Honduras.
El informe hace énfasis en que en 35 meses del actual Gobierno, al menos 27 periodistas y comunicadores perdieron la vida violentamente. Esta cantidad representa el 79% del total de homicidios registrados desde el año 2003.
El Conadeh también registró 20 casos de amenazas de muerte, allanamientos ilegales a medios de comunicación, agresiones cometidas por agentes policiales, agresiones seguidas de robo por parte de particulares.
El organismo estatal de los derechos humanos señala en su informe que, de las 27 muertes registradas en este Gobierno, en apenas un caso se condenó al responsable y quedaron en la impunidad los victimarios de los 26 comunicadores restantes.
Otra de las preocupaciones del ente estatal de los derechos humanos son las constantes amenazas de las altas autoridades gubernamentales encabezadas por el propio Presidente contra los medios de comunicación.
Custodio lamentó que los niveles de violencia alcanzados en este gobierno contra periodistas y medios de comunicación son y siguen siendo una amenaza muy grave para el ejercicio de los derechos de expresión y de información, en particular contra quienes cubren problemas sociales como el crimen organizado y la corrupción gubernamental.
Según Custodio, ningún Gobierno en su sano juicio debe castigar la función investigadora y de denuncia, como lo pretende el actual Gobierno.
