Teguciglapa, Honduras
Un juez natural decretó ayer el auto de formal procesamiento, antes auto de prisión, contra 15 exdirectivos y un exfuncionario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados por el Ministerio Público (MP) de incurrir en un supuesto acto de corrupción.
La resolución se decretó contra los 15 exdirectivos del Seguro Social Arturo Bendaña y Javier Pastor, exministro y exviceministro de Salud, respectivamente; Odessa Henríquez y José Espinal, representantes del Colegio Médico; Humberto Lara, Hilario Espinoza, Daniel Durón, Luis Mayorga y Armando Villatoro, representantes de las centrales obreras.
Asimismo se acusa a Óscar Galeano, Arnaldo Solís, Benjamín Bográn y Leonardo Villeda, por la empresa privada; y Carlos Montes, exviceministro de Trabajo.
La Fiscalía los acusó de tres delitos contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones.
Además inculpó al exgerente administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty, por abuso de autoridad.
Los hechos están relacionados con el acta 12-2011 de 23 de marzo de 2011, en la que la junta directiva del IHSS aprobó una consolidación de deuda del fondo del régimen de embarazo y maternidad frente al fondo del régimen de invalidez, vejez y muerte por 942.77 millones de lempiras.
Según el MP se disfrazó la transferencia ilícita, los préstamos fueron utilizados para financiar gasto corriente y cubrir obligaciones de pago, lo que perjudicó la estabilidad financiera del IHSS.
El fallo
El juez Elmer Lizardo convocó a las partes para dar a conocer la tarde de ayer su resolución.
Luego de deliberar los elementos probatorios propuestos por la Unidad de Reacción Fiscal del MP y los defensores, el juez natural encontró el indicio racional suficiente de la comisión de los delitos y la participación en ellos de los imputados.
“La pretensión planteada por el Ministerio Público, como fue afirmada desde un inicio, fue una pretensión formal, responsable, objetiva; el Ministerio Público hoy tiene una respuesta positiva para la sociedad”, expresó Roberto Ramírez Aldana, jefe de la Unidad de Reacción Fiscal.
El tribunal dictó el auto de formal procesamiento contra todas las personas que el MP identificó como responsables de delitos contra el fondo de pensiones del IHSS, informó.
Asimismo mantuvo la decisión adoptada en la primera audiencia de defenderse en libertad. Es decir que a los 15 exdirectivos se les impusieron las medidas cautelares sustitutivas a la prisión de prohibirles salir del país y estar a cargo de sus abogados defensores. “(El juez) hizo una fuerte advertencia a todos los ciudadanos coimputados sobre que en cualquier circunstancia, de la que él tenga conocimiento, que haga variar esas condiciones, él podía estar dispuesto a decretar la prisión preventiva”, advirtió.
Cabe señalar que el juez hizo una valoración jurídica y modificó uno de los delitos, dictó a Bendaña, Villeda y otros dos exdirectivos el auto de prisión por abuso de autoridad. Inicialmente, el MP los había acusado por el más grave delito contra la administración de fondos públicos y pensiones.
Por abuso de autoridad se puede purgar una pena de 3 a 6 años y, según la ley, es conmutable, es decir que el condenado, a cambio de pagar una fianza, evita ir a la cárcel.
A los 11 exdirectivos restantes se les decretó al auto de prisión por dos delitos contra la administración de fondos públicos y pensiones.
El MP valorará si apela este cambio de delitos. En el caso de Bertetty se le decretó el tercer auto de formal procesamiento, con la tercera medida de prisión preventiva, que cumple en la Penitenciaría Nacional, en Támara. “Las personas que se pongan al margen de la ley deben responder ante la ley”, indicó.
Rechazan querella
El juez natural declaró sin lugar la solicitud pretendida por la defensa de autorización para que se iniciase una querella contra el fiscal Ramírez Aldana por los delitos de injuria y difamación.
“Lo que hemos hecho es que el pueblo de Honduras conozca realmente lo que sucedió en el IHSS”, dijo. También se resolvió desestimar la excepción de incompetencia del juez de conocer la presente causa. El abogado Juan Carlos Sánchez había solicitado que este asunto se conociera en instancia administrativa, no penal. Finalmente, el juez denegó la pretensión del MP de dictar la prisión preventiva contra los acusados.
Dentro de 60 días se celebrará la audiencia preliminar, cuando se decidirá si este caso se eleva a juicio oral y público. El plazo se interrumpirá si alguna de las partes impugna la resolución adoptada por el juez.
Apelación
La defensa anunció que el próximo lunes apelará la resolución que emitió ayer el juez natural.
“Esperábamos un sobreseimiento”, dijo el defensor Juan Sánchez Cantillano.
Según él, en relación con su representado, Villeda, quien participó en la sesión que ordena la consolidación de la deuda, no existen elementos de juicio para dictar el auto de prisión. “Hay ciertas incongruencias que deben ser valoradas por un tribunal de alzada”, declaró.
La apelación que se planteará en la Corte Especial de Apelaciones será conocida por magistrados nombrados a ese efecto. Por este caso, el MP acusó además de abuso de autoridad al exdirector del IHSS, Mario Zelaya, quien se encuentra prófugo.
El Ministerio Público acusó a 16 personas; de ellas, 15 respondieron ante la justicia y se les dictó ayer el auto de formal procesamiento.
Investigan anomalías en servicios subrogados
La junta interventora del IHSS investiga el pago irregular a clínicas que prestaban servicios a la institución.
Según German Leitzelar, miembro de la interventora, un equipo técnico investiga los contratos y pagos por varios servicios subrogados.
Aseguró que aún no es posible determinar la cifra millonaria que les habría sido pagada por estos servicios.
Se consultó sobre el pago a parientes de exfuncionarios del IHSS y dueños de clínicas que al parecer fueron beneficiadas y Leitzelar dijo al respecto:
“Todo esto es parte de la investigación. Se están pidiendo los contratos para hacer el cruce de información y tener las respuestas”.
Leitzelar resaltó el duro trabajo que ha hecho esta interventora dentro del Seguro Social.
Indicó que los hallazgos de empresas fantasmas, testaferros y compras millonarias fueron derivados del informe preliminar que dio a los investigadores las indicaciones para actuar.
Con respecto a la entrega del informe final, Leitzelar aseguró que aún no han determinado fecha.
