Pasadas las 10:00 pm, el juez natural suspendió la audiencia inicial para 16 implicados en el caso de la empresa Astropharma, entre ellos la familia Gutiérrez.
Convocaron para mañana 19 a las 2:30 pm, una audiencia para revisión de medidas solicitada por las defensas, mientras la audiencia inicial se reanudará el 31 de agosto.
En este proceso, el juez natural determinaría si dictaba auto de formal procesamiento contra los 16 acusados o un sobreseimiento a favor de ellos.
El pasado 18 de junio, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra de la diputada nacionalista Lena Gutiérrez, sus hermanos Ginette y Julio Gutiérrez y su padre Marco Tulio Gutiérrez.
En ese mismo expediente se acusó a 12 personas más, entre ellas Soad Orozco, exadministradora de Salud y Mirta Escobar, exjefa del Almacén Central de Medicamentos.
La audiencia fue convocada para las 2:00 pm, pero inició con una hora de retraso. El pasado 30 de julio la audiencia fue suspendida a petición de los siete defensores del caso, que pidieron revisar las pruebas del Ministerio Público.
Durante el proceso de evacuación de pruebas, la Fiscalía presentó unos 54 tomos de investigación con unas 300 páginas cada uno.
Puestos los documentos a la vista del juez natural, en este caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, se determinó suspender por dos horas el proceso para la revisión de elementos probatorios solicitados al Ministerio Público.
Llegadas las 6:00 pm, la audiencia fue reanudada y se extendió hasta altas horas de la noche para conocer los alegatos de los siete defensores en el caso. Se suspendió a las 10:15 pm.
En su Twitter, el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas para un auto de formal procesamiento.
Antecedentes
En este caso la Fiscalía para la Trasparencia y Combate a la Corrupción Pública logró identificar irregularidades en la venta de medicamentos en mal estado, por lo que presentó acusación.
Gutiérrez, su padre Marco Tulio y sus hermanos Julio y Ginette están acusados por delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos y otros fraudes, así como violación a los deberes de los funcionarios y prevaricato.
La diputada pagó una fianza de L20 millones.