Tegucigalpa, Honduras
En un nuevo e inesperado giro en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, el Ministerio Público presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia formal requerimiento fiscal en contra de la vicepresidenta del Congreso Nacional Lena Karyn Gutiérrez Arévalo y tres miembros de su familia por delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos y fraude.
Los otros acusados son el padre de la actual legisladora nacionalista, Marco Tulio Gutiérrez, y sus hermanos Julio y Ginette Gutiérrez, todos socios y miembros del consejo de administración de Astropharma, empresa vinculada a supuestas licitaciones amañadas en la Secretaría de Salud. Además se acusa a otros 16 ejecutivos y funcionarios de esta misma droguería y del Ministerio de Salud.
Entre los acusados también se menciona a Carlos Alberto Zanabria, Gilberto Lezama, Gladys Irías Rivera, Christian Manuel Bautista, Miriam Ruiz Castro, Erika Castillo Canelas, Martha Vásquez Ordóñez, María de los Ángeles Pineda, Mirta Escobar Cárcamo, María Cristina Núñez García, Soad Orozco Montoya y Evelyn Flores Díaz.
Esta acción contra los socios y ejecutivos de Astropharma la judicializó un equipo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, informó el Ministerio Público en su Twitter.
Los fiscales se presentaron antes del mediodía de ayer a la secretaría del Poder Judicial a formalizar el requerimiento fiscal y permanecieron reunidos por más de una hora con las autoridades de ese poder del Estado.
Al cabo de la reunión, los fiscales no ofrecieron mayores detalles de la acusación y solo se limitaron a informar que a solicitud de la Fiscalía el caso fue declarado en secretividad.
LA PRENSA conoció que la acusación contra la familia Gutiérrez se abordó y discutió al más alto nivel durante el fin de semana pasado, y según fuentes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hubo fuertes presiones para el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, y el fiscal general, Óscar Chinchilla, para que desistieran de entablar los requerimientos.
Procedimiento
Por tratarse de una alta funcionaria del Estado, el proceso judicial contra la congresista Lena Gutiérrez requiere de un procedimiento especial que comienza con el nombramiento de un juez natural por parte de la presidencia y el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, la presentación del requerimiento fiscal directamente ante la secretaría del Poder Judicial obedece justamente a este procedimiento especial que deberá formulársele a la actual vicepresidenta del Legislativo.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, confirmó que el MP pidió la secretividad del proceso, por lo que se abstuvo de ofrecer más detalles sobre la acusación. “No podemos entrar en el detalle de dar los nombres de cada uno de ellos, los daremos a conocer a medida vaya avanzando el proceso”, dijo. No obstante, explicó que una vez que la acusación ha sido presentada, la secretaría trasladará la información a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y su titular designará a uno de sus miembros para que tramite el proceso en las etapas preparatorias e intermedia hasta la apertura a juicio, siguiendo cada una de las audiencias normales que incluye el proceso penal.
Igualmente, en este mismo pleno se va a nombrar el Tribunal de Sentencia que lo conformarán algunos de los magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema, designados por ella misma.
“Una vez que la secretaría ha recibido toda la información, y se pasa al presidente, él estará llamando de inmediato a la conformación del pleno de magistrados en donde uno de los puntos de agenda es la asignación de expedientes para que se conozca la etapa preparatoria e intermedia por parte de un juez de primera instancia y la conformación de los tribunales de apelación y sentencia”, detalló.
Al resto de los acusados se les seguirá el procedimiento ordinario que establece el Código Procesal Penal.
Investigaciones
En su informe, la comisión multipartidaria del Congreso Nacional citó cinco casos por la compra irregular de medicamentos en la Secretaría de Salud.
Por este hecho se indagó a funcionarios por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude.
De estos cinco casos se desprenden 24 líneas de investigación que en su mayoría detectaron una sobrevaloración de 100% en los medicamentos adquiridos.
La diputada Doris Gutiérrez, miembro de la comisión que en un principio desconfió de los resultados de este informe, reconoció ayer que se están cumpliendo las recomendaciones.
Afirmó que es importante que se agilicen estos requerimientos. “El caso de las medicinas ya días se estaba manejando a nivel de la opinión pública, ahora que pasa a los tribunales que sean los operadores de justicia que apliquen la ley”.
Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras, manifestó su beneplácito por la medida judicial 'ya que se hizo un mal grupo de empresarios y políticos para dañar la salud de los hondureños. Estos requerimientos son muy positivos y se sienta un precedente y hay que encontrarle la ruta al país para tener una sociedad más justa'.
'Astropharma fue la empresa que mostramos, porque ya hay que decir basta a la maldad en contra del pueblo hondureño. Si hubieran brindado un producto de calidad no habría problemas, pero incluso estaban sobrevalorados hasta en un 5,000 por ciento', agregó.
Destacó que 'nosotros hemos mostrado a través de informes la sobrevaloración en la compra de medicamentos y la entrega de medicamentos que no se entregaron. También se usaron medicamentos basura y hay denuncias de familiares de personas que pudieron perder la vida por el uso de estos medicamentos'.
