San Pedro Sula, Honduras.
El Juzgado de Letras del Trabajo declaró sin lugar la demanda interpuesta por Ada Esperanza Muñoz Torres contra la Municipalidad sampedrana en la que exigía el pago de prestaciones laborales.
La exfuncionaria municipal perdió la demanda que había puesto, en la que solicitaba que se le pagaran cuatro millones de lempiras.
En el fallo, el Juzgado absuelve a la Municipalidad de San Pedro Sula a través de su representante legal, el señor Armando Calidonio, de la responsabilidad del pago de prestaciones sociales e indemnizaciones por despido injusto.
En la resolución también se condena a la alcaldía a cancelar a la exjefa de Control de Control de Ingresos la cantidad de L210,977 por los derechos adquiridos.
La “Jefa”, como era llamada Ada Muñoz en la alcaldía, se encuentra recluida en el Centro Penal Sampedrano bajo la medida de prisión preventiva, dejada firme por la Corte de Apelaciones de lo Penal ante un recurso que presentó la defensa de la imputada.
Las investigaciones
El Ministerio Público acusó a Muñoz Torres de abuso de autoridad y fraude por el cobro indebido de impuestos pecuarios.
Según las investigaciones, Ada Muñoz dejó de ejecutar el cobro de 13 millones de lempiras que debía retener a una empresa sampedrana.
La imputada, para no perjudicar a dicha empresa, hacía valer su cargo y supuestamente confabulada con otro personal de la comuna sampedrana, que está bajo investigación por la manipulación del sistema de cómputo, resaltaba que los cobros sí se hacían efectivos. En un inicio, la Fiscalía le imputó el delito de defraudación fiscal, por el cual el Juzgado de lo Penal le dictó sobreseimiento definitivo ,y por malversación de caudales públicos, que luego fue modificado a fraude durante el desarrollo de la audiencia inicial.
Ada Muñoz fue capturada en noviembre de 2014 en una vivienda en la colonia El Estadio, en San Pedro Sula, luego de permanecer 10 meses prófuga de la justicia. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública alista un nuevo requerimiento contra la exfuncionaria municipal por el caso de los borrones de cuentas de los contribuyentes sampedranos a las arcas municipales. Según trascendió, la acusación sería por falsificación y uso de documentos públicos y malversación de caudales públicos.
El Juzgado de Letras del Trabajo declaró sin lugar la demanda interpuesta por Ada Esperanza Muñoz Torres contra la Municipalidad sampedrana en la que exigía el pago de prestaciones laborales.
La exfuncionaria municipal perdió la demanda que había puesto, en la que solicitaba que se le pagaran cuatro millones de lempiras.
En el fallo, el Juzgado absuelve a la Municipalidad de San Pedro Sula a través de su representante legal, el señor Armando Calidonio, de la responsabilidad del pago de prestaciones sociales e indemnizaciones por despido injusto.
En la resolución también se condena a la alcaldía a cancelar a la exjefa de Control de Control de Ingresos la cantidad de L210,977 por los derechos adquiridos.
La “Jefa”, como era llamada Ada Muñoz en la alcaldía, se encuentra recluida en el Centro Penal Sampedrano bajo la medida de prisión preventiva, dejada firme por la Corte de Apelaciones de lo Penal ante un recurso que presentó la defensa de la imputada.
Las investigaciones
El Ministerio Público acusó a Muñoz Torres de abuso de autoridad y fraude por el cobro indebido de impuestos pecuarios.
Según las investigaciones, Ada Muñoz dejó de ejecutar el cobro de 13 millones de lempiras que debía retener a una empresa sampedrana.
La imputada, para no perjudicar a dicha empresa, hacía valer su cargo y supuestamente confabulada con otro personal de la comuna sampedrana, que está bajo investigación por la manipulación del sistema de cómputo, resaltaba que los cobros sí se hacían efectivos. En un inicio, la Fiscalía le imputó el delito de defraudación fiscal, por el cual el Juzgado de lo Penal le dictó sobreseimiento definitivo ,y por malversación de caudales públicos, que luego fue modificado a fraude durante el desarrollo de la audiencia inicial.
Ada Muñoz fue capturada en noviembre de 2014 en una vivienda en la colonia El Estadio, en San Pedro Sula, luego de permanecer 10 meses prófuga de la justicia. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública alista un nuevo requerimiento contra la exfuncionaria municipal por el caso de los borrones de cuentas de los contribuyentes sampedranos a las arcas municipales. Según trascendió, la acusación sería por falsificación y uso de documentos públicos y malversación de caudales públicos.
