El decomiso de 34 celulares y dos computadoras es una de las posibles pruebas de que las extorsiones y otro tipo de actos delictivos siguen siendo dirigidos desde el presidio sampedrano.
El enfrentamiento entre uniformados y reos deja en evidencia que hay ciertas áreas dentro del penal donde las autoridades penitenciarias no tienen acceso y están controladas por los mismos privados de libertad.
En total fueron encontradas cuatro subametralladoras Thompson, una escopeta 12, dos pistolas nueve milímetros, un fusil M16, dos chalecos antibalas, cuatro cargadores de fusil M16, seis cargadores de nueve milímetros, seis cargadores modificados para nueve milímetros, un fusil 223, 12 plantas de marihuana, un kilo de supuesta cocaína, siete armas blancas, radios de comunicación, una consola de Play Station, dos computadoras portátiles, una USB, centenares de municiones de diferentes calibres, 2,200 lempiras y 2,120 dólares, fueron algunos de los decomisos realizados hasta la mañana de ayer.
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José Coello, vocero de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), dijo que por el amotinamiento dieron apoyo a las autoridades que estaban dentro del penal, pero aclaró que la forma en la que los reos ingresaron las armas y todo lo decomisado, ya es responsabilidad de las autoridades del presidio.
“Los fusiles automáticos y otras armas largas fueron encontradas enterradas y en algunos túneles en la misma zona donde se encontró parte de la droga”, expresó el funcionario.
Los equipos de inteligencia de Fusina investigan si los últimos crímenes, entre ellos el del transportista Carlos Andonie, tiene que ver con el traslado de los 28 reos, ya que el empresario había manifestado que parte del pago de sus extorsiones eran pagados a personas que están dentro del penal.
En un reportaje de LA PRENSA había quedado en evidencia el uso de la tecnología por parte de los reos, incluso algunos hacen publicaciones y actualizaciones de redes sociales como Facebook.
“Sigue habiendo colusión de los guardias penitenciarios, eso quedó evidenciado hoy porque pareciese que no hubiese seguridad en la penitenciaría de San Pedro Sula, estos más de 30 heridos es responsabilidad del Estado”, dijo Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).