San Pedro Sula, Honduras.
La cadena de investigaciones que enfrenta el extitular de Soptravi, Rosario “Saro” Bonano, por abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública lo mantiene entre la espada y la pared, ya que pasó a la condición de prófugo de la justicia.
Aunque se presentó voluntariamente a enfrentar sus acusaciones en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán en agosto de 2011, el juez le decretó medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, no salir del país y firmar una vez a la semana en el Juzgado Seccional de La Ceiba, Atlántida, donde el exfuncionario reside.
“El expediente es un poco viejo, desde 2010. El proceso judicial se estuvo llevando a cabo normalmente hasta que él dejó de presentarse ante los tribunales y no pagó la fianza. Varios medios de prueba presentamos para que se emitiera el requerimiento fiscal”, explicó el fiscal Ricardo Matute.
En el proceso judicial, la defensa perdió el recurso de casación, por lo que a Bonano se le ordenó rendir una fianza por L13 millones, que no pagó y, si continúa así, el exfuncionario de la administración de Manuel Zelaya Rosales será enviado a prisión tras su captura.
Anomalías
Una de las acusaciones más fuertes que Bonano enfrenta en los tribunales es la de las irregularidades encontradas en el proyecto de pavimentación de la carretera entre La Esperanza, Intibucá, y Marcala, La Paz. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un informe de auditoría en 2011 que le fue enviado al entonces secretario de Soptravi, Rodrigo Pastor.
El informe comprende la administración que gobernó Soptravi desde el 28 de julio de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2009. Entre los hallazgos del TSC en el proyecto se destaca que no se ejecutaron garantías, no se aplicaron multas, se hicieron modificaciones en el contrato ya vencido, hubo errores en precios unitarios y obras pagadas no ejecutadas.
Por este caso, el TSC investigó las administraciones de Jorge Carranza Díaz y Rosario Bonano. “Visitamos el proyecto en septiembre y noviembre de 2006; se verificó lo dañado y abandonado de las obras. Se modificó el contrato, el cual amplió el monto y alcance del proyecto. Soptravi decidió incrementar las cantidades de obra, como la pavimentación del bulevar de acceso a la ciudad de La Esperanza.
Aumentaron el monto del proyecto en L33,653,440.97 para un total de L126,491,552”, informó el TSC y agrego que la construcción del bulevar quedó inconclusa. Para el TSC, el proyecto no se ejecutó, por lo que se llevó a cabo el pliego de responsabilidad civil contra Bonano. “Respecto al proyecto carretero La Esperanza-Marcala, las exautoridades de Soptravi no ejecutaron las garantías de fiel cumplimiento y anticipo, pese a haberse vencido el contrato de construcción sin que se concluyeran las obras contratadas.
Tampoco se aplicaron multas por el desfase presentado en la ejecución de las obras, se hicieron modificaciones en el contrato cuando ya había terminado su vigencia anterior y se renovaron garantías cuando ya había vencido su vigencia, entre otras irregularidades”, informó la magistrada presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.
Medios de prueba
Para el fiscal Matute, los medios de prueba contra la administración de Saro Bonano son varios, incluidos los informes del TSC, aunque en su mayoría van dirigidos a reparos administrativos y civiles.
“Materia penal exige que para probar la culpabilidad de una persona se debe presentar el máximo de pruebas que exigen los juzgados. Los informes del TSC son de mucha ayuda en este caso. Debo aclarar que la orden de captura la emitió un juez porque él (Bonano) no se ha presentado. Ya lo han citado varias veces y no se ha presentado. Esa es la situación. Incluso ya se acabó la audiencia inicial. No estamos hablando de que se le presentó de entrada la orden de captura”, expresó el fiscal.
La cadena de investigaciones que enfrenta el extitular de Soptravi, Rosario “Saro” Bonano, por abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública lo mantiene entre la espada y la pared, ya que pasó a la condición de prófugo de la justicia.
Aunque se presentó voluntariamente a enfrentar sus acusaciones en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán en agosto de 2011, el juez le decretó medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, no salir del país y firmar una vez a la semana en el Juzgado Seccional de La Ceiba, Atlántida, donde el exfuncionario reside.
“El expediente es un poco viejo, desde 2010. El proceso judicial se estuvo llevando a cabo normalmente hasta que él dejó de presentarse ante los tribunales y no pagó la fianza. Varios medios de prueba presentamos para que se emitiera el requerimiento fiscal”, explicó el fiscal Ricardo Matute.
En el proceso judicial, la defensa perdió el recurso de casación, por lo que a Bonano se le ordenó rendir una fianza por L13 millones, que no pagó y, si continúa así, el exfuncionario de la administración de Manuel Zelaya Rosales será enviado a prisión tras su captura.
Anomalías
Una de las acusaciones más fuertes que Bonano enfrenta en los tribunales es la de las irregularidades encontradas en el proyecto de pavimentación de la carretera entre La Esperanza, Intibucá, y Marcala, La Paz. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un informe de auditoría en 2011 que le fue enviado al entonces secretario de Soptravi, Rodrigo Pastor.
El informe comprende la administración que gobernó Soptravi desde el 28 de julio de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2009. Entre los hallazgos del TSC en el proyecto se destaca que no se ejecutaron garantías, no se aplicaron multas, se hicieron modificaciones en el contrato ya vencido, hubo errores en precios unitarios y obras pagadas no ejecutadas.
Por este caso, el TSC investigó las administraciones de Jorge Carranza Díaz y Rosario Bonano. “Visitamos el proyecto en septiembre y noviembre de 2006; se verificó lo dañado y abandonado de las obras. Se modificó el contrato, el cual amplió el monto y alcance del proyecto. Soptravi decidió incrementar las cantidades de obra, como la pavimentación del bulevar de acceso a la ciudad de La Esperanza.
Aumentaron el monto del proyecto en L33,653,440.97 para un total de L126,491,552”, informó el TSC y agrego que la construcción del bulevar quedó inconclusa. Para el TSC, el proyecto no se ejecutó, por lo que se llevó a cabo el pliego de responsabilidad civil contra Bonano. “Respecto al proyecto carretero La Esperanza-Marcala, las exautoridades de Soptravi no ejecutaron las garantías de fiel cumplimiento y anticipo, pese a haberse vencido el contrato de construcción sin que se concluyeran las obras contratadas.
Tampoco se aplicaron multas por el desfase presentado en la ejecución de las obras, se hicieron modificaciones en el contrato cuando ya había terminado su vigencia anterior y se renovaron garantías cuando ya había vencido su vigencia, entre otras irregularidades”, informó la magistrada presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.
Medios de prueba
Para el fiscal Matute, los medios de prueba contra la administración de Saro Bonano son varios, incluidos los informes del TSC, aunque en su mayoría van dirigidos a reparos administrativos y civiles.
“Materia penal exige que para probar la culpabilidad de una persona se debe presentar el máximo de pruebas que exigen los juzgados. Los informes del TSC son de mucha ayuda en este caso. Debo aclarar que la orden de captura la emitió un juez porque él (Bonano) no se ha presentado. Ya lo han citado varias veces y no se ha presentado. Esa es la situación. Incluso ya se acabó la audiencia inicial. No estamos hablando de que se le presentó de entrada la orden de captura”, expresó el fiscal.
