Tocoa, Colón, Honduras.
Más de 140 campesinos, entre dirigentes y miembros de organizaciones, han sido asesinados en seis años en la zona del Bajo Aguán, debido a la disputa de tierras de cultivo de palma africana, que desde 2010 genera un problema de violencia en la región.
Según las investigaciones de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba), varios de estos homicidios han sido cometidos por una sanguinaria banda de sicarios que opera en la zona desde 2010 y que tendría su origen en el asentamiento campesino La Confianza.
Esta banda de sicarios, según señalan autoridades de Umviba y campesinos de la zona, es liderada por Céleo Bautista Rodríguez Ponce, quien es yerno del diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría
La última muerte de alto impacto en la zona fue el recién pasado 18 de octubre, cuando el líder campesino José Ángel Flores, presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), fue asesinado a balazos junto con el también campesino Silmer Dionisio George, crímenes que causaron condena a nivel nacional e internacional, incluyendo la reacción de Estados Unidos, que solicitó una investigación exhaustiva y pidió la captura de los responsables.
El equipo periodístico de Diario LA PRENSA visitó la zona del Bajo Aguán para conocer la compleja situación que se vive en la región y comprobó el tenso ambiente que hay en el lugar.
Señalados
Los diferentes líderes campesinos con los que habló LA PRENSA señalan a Céleo Rodríguez Ponce como principal responsable de las últimas muertes de campesinos, incluyendo la de José Ángel Flores.
Estos señalamientos coinciden con las investigaciones de las autoridades hondureñas, pues tras el reciente homicidio de los dos dirigentes se reveló que la Umviba tiene identificada a una banda de sicarios.
Según la Umviba, que es parte del Ministerio Público, la banda opera en el asentamiento campesino Nueva Confianza. Las autoridades tiene órdenes de captura contra Céleo Rodríguez Ponce y cinco miembros más de esta banda, pero, hasta el momento, ellos continúan prófugos de la justicia.
Tensión
“Aquí bajen los vidrios, el ambiente está delicado y la gente anda desconfiada”, dijo Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria, que incluye a las distintas agrupaciones campesinas de la zona.
El consejo lo brindó al equipo de LA PRENSA cuando los periodistas de este medio ingresaron a una zona de plantación de palma africana para hablar con otros líderes campesinos.
“Estos son homicidios estratégicos contra los campesinos.
José Ángel Flores había denunciado que lo iban a matar, ya habían atentado contra él y no se le dio la seguridad, aunque tenía medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al igual que la tienen otros 120 dirigentes más, a quienes tampoco se protege, y eso es complicidad por parte de las autoridades, tanto de la Fiscalía como Policía, Ejército y Estado”, afirmó Cabrera.
Vitalino Álvarez, vocero del Muca, manifestó que “a pesar del asesinato de nuestros dos compañeros y de lo ordenado por la CIDH, aún las autoridades no nos dan protección. Esos sicarios a mí ya me han tratado de matar dos veces”.
Muertes
Raúl Ramírez, secretario general del Muca, aseguró que los dirigentes campesinos se sienten amenazados.
“Desde 2010 han matado a más de 140 campesinos, entre dirigentes y miembros de las organizaciones, y la mayoría de estos crímenes están en la impunidad”, expresó.
La cifra de muertes de campesinos fue confirmada por las autoridades en la zona.
“José Ángel Flores fue asesinado por denunciar la infiltración de paramilitares en los movimientos campesinos y por su lucha en favor de las luchas campesinas”, indicó Ramírez.
Más de 140 campesinos, entre dirigentes y miembros de organizaciones, han sido asesinados en seis años en la zona del Bajo Aguán, debido a la disputa de tierras de cultivo de palma africana, que desde 2010 genera un problema de violencia en la región.
Según las investigaciones de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba), varios de estos homicidios han sido cometidos por una sanguinaria banda de sicarios que opera en la zona desde 2010 y que tendría su origen en el asentamiento campesino La Confianza.
Esta banda de sicarios, según señalan autoridades de Umviba y campesinos de la zona, es liderada por Céleo Bautista Rodríguez Ponce, quien es yerno del diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría
La última muerte de alto impacto en la zona fue el recién pasado 18 de octubre, cuando el líder campesino José Ángel Flores, presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), fue asesinado a balazos junto con el también campesino Silmer Dionisio George, crímenes que causaron condena a nivel nacional e internacional, incluyendo la reacción de Estados Unidos, que solicitó una investigación exhaustiva y pidió la captura de los responsables.
El equipo periodístico de Diario LA PRENSA visitó la zona del Bajo Aguán para conocer la compleja situación que se vive en la región y comprobó el tenso ambiente que hay en el lugar.
 Céleo Rodríguez permanece prófugo junto a otros de sus compañeros.
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 La producción de palma africana ha traído generación de empleo y desarrollo, pero a la vez ha provocado una ola de violencia en los últimos años, la cual no ha podido ser erradicada.
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Los diferentes líderes campesinos con los que habló LA PRENSA señalan a Céleo Rodríguez Ponce como principal responsable de las últimas muertes de campesinos, incluyendo la de José Ángel Flores.
Estos señalamientos coinciden con las investigaciones de las autoridades hondureñas, pues tras el reciente homicidio de los dos dirigentes se reveló que la Umviba tiene identificada a una banda de sicarios.
Según la Umviba, que es parte del Ministerio Público, la banda opera en el asentamiento campesino Nueva Confianza. Las autoridades tiene órdenes de captura contra Céleo Rodríguez Ponce y cinco miembros más de esta banda, pero, hasta el momento, ellos continúan prófugos de la justicia.
 Desde hace varios años, el cultivo de palma africana se ha convertido en el sector más importante en la zona del Bajo Aguán.
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“Aquí bajen los vidrios, el ambiente está delicado y la gente anda desconfiada”, dijo Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria, que incluye a las distintas agrupaciones campesinas de la zona.
El consejo lo brindó al equipo de LA PRENSA cuando los periodistas de este medio ingresaron a una zona de plantación de palma africana para hablar con otros líderes campesinos.
| Sépalo
En la zona del Bajo Aguán está prohibida la portación de armas para civiles, debido al problema de violencia.
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Vitalino Álvarez, vocero del Muca, manifestó que “a pesar del asesinato de nuestros dos compañeros y de lo ordenado por la CIDH, aún las autoridades no nos dan protección. Esos sicarios a mí ya me han tratado de matar dos veces”.
Muertes
Raúl Ramírez, secretario general del Muca, aseguró que los dirigentes campesinos se sienten amenazados.
“Desde 2010 han matado a más de 140 campesinos, entre dirigentes y miembros de las organizaciones, y la mayoría de estos crímenes están en la impunidad”, expresó.
La cifra de muertes de campesinos fue confirmada por las autoridades en la zona.
“José Ángel Flores fue asesinado por denunciar la infiltración de paramilitares en los movimientos campesinos y por su lucha en favor de las luchas campesinas”, indicó Ramírez.
Legado
Lenín Flores, hijo de José Ángel Flores, dirigente asesinado, reveló a LA PRENSA que hay una amenaza muy grave en contra de su familia y otros líderes campesinos de la zona, pues los responsables del asesinato de su padre aún están en libertad.
“Mi padre soñaba con ver a los campesinos desarrollar sus comunidades, luchó por la igualad, por la gente humilde, peleó por los derechos humanos y el ambiente y por eso lo mataron. Exigimos justicia y que pare la violencia”, declaró. Desde el año pasado, varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas, Global Witness, han señalado a Honduras como el país más peligroso del mundo para los defensores del ambiente, debido a la cantidad de asesinatos contra estos líderes.
Este señalamiento cobró más fuerza después que en marzo de este año fuera asesinada a balazos la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres, quien en 2015 ganó el premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
