En su propio asentamiento fue asesinado la tarde de ayer el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), José Ángel Flores (de 45 años) y otra persona que lo acompañaba.
José Ángel Flores. Hace dos años asumió la presidencia de esta organización campesina, con asiento en la cooperativa La Confianza, en Tocoa, Colón.
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El hecho criminal ocurrió a eso de las 5:40 pm, cerca de la tienda de consumo y el taller de reparación de máquinas ubicado en la cooperativa La Confianza, considerado el centro de operaciones de esta organización campesina.
Las primeras informaciones que se manejan es que el dirigente se encontraba con Silmer George en dichos locales, cuando de pronto fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.
El cuerpo de Flores quedó tirado en la escena del ataque; el Geroge fue trasladado con signos de vida a un centro hospitalario, pero expiró cuando lo ingresaban a la sala de emergencia del Hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa.
El cadáver de José Ángel Flores fue recogido por sus familiares debido a los momentos de tensión y hermetismo que invadía al resto de la comunidad campesina.
Durante las inspecciones, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) encontraron una gran cantidad de casquillos de arma de grueso calibre.
Los criminales luego de cometer el hecho se fueron en un carro desconocido en medio de las extensas plantaciones de palma africana.
Las autoridades de la zona no descartan que el crimen de José Ángel Flores esté ligado al conflicto agrario.
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La muerte del presidente del Muca ocurrió justo cuando las organizaciones populares y campesinas de Colón conmemoraban los 19 años del asesinato de Carlos Escalera, un reconocido ambientalista y dirigente popular de Tocoa.
“Lamentamos este tipo de hechos dirigidos a líderes que defienden los derechos de los demás. Condenamos este asesinato y el Estado debe responder por estos hechos lamentables”, condenó Leonel George, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa).
José Ángel Flores tenía medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). “Pero el Estado nunca las ejecutó. El Estado debió protegerlo”, lamentó el dirigente popular.
“Exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva”, demandó.