Un año de estado de excepción: pocas condenas y no cesa el azote del crimen

San Pedro Sula, Honduras.- Hace un año, Honduras declaró un estado de excepción con la esperanza de restaurar la paz y la seguridad en el país, una medida motivada por el preocupante aumento de la criminalidad, incluyendo la delincuencia organizada.

Se implementaron medidas extraordinarias, como el aumento de patrullajes policiales y la movilización de recurso humano adicional para reforzar la seguridad en áreas críticas.

A pesar de algunas mejoras temporales, a la fecha persisten las preocupaciones sobre los resultados en los índices de violencia desde la implementación de esta medida extrema.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad, aunque se logró arrestar a 1,960 personas en el territorio hondureño, con un enfoque significativo en el tráfico de drogas, solo 357 de ellas fueron capturadas por el delito de extorsión, una de las principales preocupaciones asociadas con la criminalidad en el país.

Los resultados indican que, si bien se lograron numerosas detenciones, el impacto concreto en la reducción de la extorsión es limitado.

La cifra de personas acusadas por extorsión del total de detenciones refleja una proporción relativamente baja de casos que han avanzado hacia el proceso judicial.

De las personas detenidas en el marco del estado de excepción, 82 hombres y 21 mujeres menores de edad estuvieron entre ellas. Se observó que la mayoría de las capturas tuvieron lugar en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y Comayagua.

Aunque se reconoce la presencia de estructuras como la Mara Salvatrucha (lo hacía hasta hace poco) y la Pandilla 18, estrechamente relacionadas con la extorsión, es notorio que la Policía capturó más a individuos catalogados como independientes, con solo 411 pertenecientes a la Pandilla 18 y 346 a la Mara Salvatrucha, del total de la cifra reportada por los cuerpos de seguridad del Estado.

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Las denuncias por extorsión experimentaron una disminución, pasando de 3,295 durante el año 2021 a 992 el año pasado y 606 al cierre de este 2023, que incluye el tiempo de aplicación del estado de excepción.

La mayoría de denuncias se derivaron de los departamentos con amplia densidad poblacional: Francisco Morazán, Cortés y Atlántida.

A través de un extenso documento de 2,876 páginas brindado por el Ministerio Público a este rotativo, se concluyó que de todos los arrestados en el contexto del estado de excepción a noviembre de este año, solo 202 fueron formalmente acusados bajo el cargo de extorsión.

A varios de ellos les imputaron otros delitos, como porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, portación de municiones de uso prohibido, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido o comercial, así como extorsión continuada.

Del total de procesados, 16 fueron mujeres y el resto hombres. Estos procesos se llevaron a cabo por parte de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Valle, La Paz, Yoro y Atlántida.

Nelson Castañeda, director de Seguridad Ciudadana de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó su preocupación respecto al persistente problema de la extorsión en Honduras.

Destacó que, a pesar de la declaración de guerra a las pandillas por parte de la presidenta Xiomara Castro al finales del año pasado, el país sigue estancado en este tema a nivel nacional.

“Valoramos que la presidenta haya respondido a nuestra inquietud y declarado la guerra a las pandillas, pero lamentablemente, a medida que evaluamos el progreso durante este año, vemos que solo una parte del plan de 30 acciones y ocho ejes se ha llevado a cabo. Muchos de los temas interesantes no se han materializado, y la consecuencia es clara: negocios cerrados, empresas de transporte paralizadas y empleos perdidos”, señaló Castañeda.

El director de Seguridad Ciudadana externó su inquietud sobre la baja cantidad de casos judicializados por extorsión a nivel nacional al cierre de 2023.

Subrayó la importancia de distinguir entre detenciones y judicializaciones, resaltando que no todos los arrestados llegan a enfrentar un proceso judicial completo.

“Hasta ahora, solo hemos identificado 40 casos judicializados por extorsión, lo cual es preocupante. Sabemos que muchos detenidos fueron absueltos o se les imputó otro delito que no necesariamente está relacionado con la extorsión”, ejemplificó Castañeda, enfatizando la necesidad de una colaboración coordinada entre diversas instituciones para abordar eficazmente el problema de la extorsión.

Sostuvo que “es esencial que las autoridades cumplan con los componentes del plan establecido. Durante el estado de excepción no hemos visto un enfoque integral que involucre a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”.

El criminólogo sampedrano Herman Vogelsang evaluó de manera crítica el impacto del estado de excepción en Honduras, destacando que su éxito ha sido variable en distintas localidades. Señaló que, aunque el decreto autoriza a la Policía a actuar sin necesidad de una orden judicial, no es una solución milagrosa.

Vogelsang puntualizó que, a pesar de esta medida, persisten los delitos, la presencia del crimen organizado y lamentablemente, los femicidios.

El criminólogo sugirió que el éxito del decreto depende de ser complementado con operaciones específicas, como Candado, una nueva práctica destinada a reducir la incidencia criminal.

“El decreto no tiene características maravillosas, no logrará erradicar todos los delitos en Honduras, siempre habrá desafíos, incluyendo la presencia del crimen organizado y la lamentable realidad de los femicidios”, cuestionó Vogelsang.

Respecto a la extorsión, manifestó su incapacidad para afirmar si ha disminuido o aumentado, pero puntualizó que persiste y con mucho poder, al tiempo que sostuvo que la medida no ha tenido el impacto esperado, especificando que se observan fenómenos contrastantes, como el surgimiento del problema en municipios pequeños que antes no lo experimentaban, mientras que en las grandes ciudades ha disminuido.

Vogelsang subrayó nuevas dinámicas de las estructuras criminales en municipios pequeños versus las grandes ciudades en cuanto al delito de extorsión, donde estos grupos han expandido sus operaciones a nivel de fronteras departamentales.

En noviembre pasado, el Consejo de Ministros que preside la presidenta Xiomara Castro Sarmiento extendió por 45 días más el estado de excepción parcial en el territorio nacional. En el diario oficial La Gaceta se publicó la disposición mediante PCM 46-2023, estableciendo una vigencia hasta las 6:00 pm del lunes 1 de enero de 2024.

Son 158 municipios de Honduras donde se estableció la implementación de la normativa legal para contrarrestar la incidencia criminal derivada de estructuras criminales organizadas.

El estado de excepción, según las autoridades policiales, ha permitido la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales vinculados a maras y pandillas, que cometen delitos contra la población.

En los últimos años, la extorsión se ha incrementado en Honduras, donde ha dejado centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros se fueron del país.

Según sus propias denuncias, son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales. Muchas de las víctimas mortales han sido conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.

Elio Muñoz, analista de transporte en el Valle de Sula, elogió las detenciones reportadas por la Policía a nivel nacional durante el año, aunque planteó una interrogante crucial sobre la efectividad del sistema judicial al preguntarse cuántos de estos arrestos han sido llevados a juicio y han resultado en condenas efectivas o guardan prisión.

“Si bien, las capturas son motivo de reconocimiento, surge la preocupación sobre cuántos de estos individuos realmente han enfrentado juicio y están cumpliendo condena. Estos grupos organizados manejan considerables sumas de dinero, y lamentablemente, con frecuencia, los abogados logran sacarlos fácilmente de la cárcel. No comprendo desde qué perspectiva la Policía afirma que la extorsión ha disminuido, cuando las empresas se ven obligadas a cerrar temporalmente debido al acoso constante de los extorsionadores”, cuestionó Muñoz.

El analista señaló que los empresarios del sector del transporte son conscientes de que las organizaciones tradicionales continúan operando sin restricciones y manteniendo sus extorsiones; sin embargo, destacó una creciente preocupación por la aparición de nuevas bandas, como la M1 o Los Iluminati.

“La labor policial debe ir más allá; generalmente, se captura a quienes recolectan el dinero, pero son simplemente los mensajeros. Los cabecillas o jefes, los ‘toros’, no son arrestados. Incluso sabemos que muchos de aquellos que comenzaron en el mundo de la extorsión ahora son empresarios en este rubro, una gran cantidad de ellos han eliminado a socios de empresas para infiltrarse en el sector”, enfatizó Muñoz.

El analista reiteró su llamado a las empresas de telefonía en el país para que controlen la venta y distribución de chips, un compromiso establecido durante el estado de excepción. “Observamos que en las calles siguen mujeres que venden chips sin restricciones, y en las cárceles persisten las llamadas desde donde se emiten órdenes hacia el exterior”, añadió.

Expertos en seguridad pública consultados por este medio coincidieron en que el estado de excepción ha resultado ser un remedio parcial y que, lejos de frenar la extorsión, tampoco ha logrado contener los homicidios, fenómeno directamente correlacionado. Un reciente análisis de datos derivado de un informe proporcionado por la Policía reveló que durante los primeros 11 meses de 2023, que abarcan gran parte del período de vigencia del estado de excepción, se registraron 2,735 homicidios en todo el país, lo que se traduce en una tasa de más del 29% por cada 100,000 habitantes.

Los estudios evidenciaron que el 87.15% (2,384) de los homicidios afectaron principalmente a hombres durante dicho período, seguidos por un 12.72% (348) de mujeres, y un 0.11% (3) para los cuales no se dispuso de información precisa sobre el sexo. La mayor parte de los casos están en proceso de investigación, y otra importante parte están relacionados con enemistades personales, según indagaciones de autoridades.

Hasta el 4 de diciembre, el departamento de Cortés lideraba en términos de incidencia de violencia homicida con 467 casos. Francisco Morazán, que engloba la capital Tegucigalpa, y Cortés, que alberga la ciudad de San Pedro Sula, dos de las áreas más grandes del país, ocupan los primeros dos lugares. A estas se suman Choloma, Tocoa, Comayagua y Catacamas, donde los procedimientos de seguridad se han robustecido como parte del estado de excepción.