Ley de DeSantis golpea a hondureños que trabajan en sector construcción

Desde mediados de junio comenzó una movilización interna de indocumentados hondureños que partieron desde el estado de Florida, Estados Unidos, previo a que entre en vigencia el 1 de julio la ley de DeSantis, denominada así por su promotor, el gobernador Ron DeSantis.

Esta medida ha sido catalogada como la legislación más fuerte contra la inmigración en Estados Unidos en los últimos años y sus efectos preocupan a muchos.

A su vez, también pondría en problemas severos a algunos sectores económicos como la construcción, servicios de aseo, gastronomía, hostelería, entre otros, que han tomado el grueso de su base laboral en personas indocumentadas que llegaron a ese país en busca de mejores expectativas laborales, y quienes son los que aceptan los trabajos que los “legales” no quieren realizar.

De los más de 200,000 hondureños que radican en la Florida, al menos 150,000 de ellos están en condición indocumentada, y cerca del 35%, equivalente a unos 52,000 connacionales, ya migraron a lugares como Carolina del Norte y Georgia, según cálculos de líderes catrachos radicados en Estados Unidos. Otros cifran el éxodo en unos 40,000 connacionales. Esto ha provocado que muchos de los trabajos se hayan quedado sin mano de obra técnica calificada.

LA PRENSA Premium conoció que el rubro que está siendo más impactado es el de la construcción, puesto que aquí trabaja aproximadamente el 80% de la comunidad hondureña en la Florida. De los catrachos que han migrado hasta el momento, según cálculos de organizaciones migrantes, aproximadamente el 90% laboran en la construcción.

Esto a largo plazo provocaría, entre otras cosas, que el precio de viviendas aumente en todo el Estado, también el de los productos y traería mayor inflación en la economía local.

Los contratistas no son los únicos afectados por la decisión de DeSantis, todo lo relacionado con mejoras en el hogar, que tradicionalmente es realizado con mano de obra extranjera, también experimentará una disminución.

Otros rubros, aunque menos dañados indirectamente, han sido los restaurantes centroamericanos y particularmente hondureños, debido a que ha bajado significativamente el consumo de clientes, además de actividades como la venta de vehículos, electricidad y en menor envergadura la agricultura, donde la mayoría de mano de obra es mexicana y guatemalteca.

Representantes de diversos sectores consideran que la incertidumbre que enfrentan los trabajadores inmigrantes podría ocasionar serias consecuencias en la estabilidad económica de Estados Unidos y en mayor escala para las familias hondureñas. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en ese país, informó que continuarán protestas contra la ley este viernes y el fin de semana en la Florida.

“Proyectamos que para este fin de semana salgan más hondureños, pues a algunos ya se les finaliza el mes de renta. Estimamos que unos 60,000, del total de hondureños indocumentados en la Florida, se terminará yendo por esta ley, mientras que el resto se quedará seguramente por arraigo familiar o porque mudarse a otros estados es carísimo”, dijo el líder de la comunidad hondureña, quien a su vez enfatizó que “esta ley vino a revelar un submundo de población indocumentada en Estados Unidos que está siendo marginada”.

La legislación de DeSantis resulta inhumana y violatoria de los derechos humanos al obstaculizar de forma deliberada el acceso al trabajo e incluso a la atención sanitaria, lo que puede derivar en muertes evitables, considera Itsmania Platero, experta en temas migratorios y derechos humanos, quien recordó que esta ley fue firmada el 10 de mayo.

“A raíz de esto mucha gente abandonó sus trabajos o fue expulsada. El problema repercute que muchos hondureños ya están dejando de enviar remesas, otros están siendo deportados y los mismos estadounidenses están saliendo perjudicados”, reflexionó.

Platero lamentó que la construcción, como industria importante en el mercado estadounidense, sea impactada, puesto que es allí de donde subsisten muchos compatriotas.

“Lastimosamente ellos están siendo muy afectados y el impacto es fuerte ya en los hogares”, dijo.

Según las primeras estimaciones de la oenegé Florida Policy Institute, los oficios que mayor mano de obra de inmigrantes demandan representan el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de Florida.

Verificación de permisos: Requiere que empresas con más de 25 empleados, al contratar indocumentados, usen el programa E-verify para constatar el estatus legal. La ley establece multas de hasta $10,000 por cada empleado sin permiso de trabajo.

Población en centros asistenciales: Obliga a los hospitales a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes. Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los profesionales que todavía están regulando su estatus migratorio.

Aplicación de penas de cárcel: El transporte de personas sin estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. También prohíbe financiación de programas de ciudades y condados para dar identificaciones a migrantes.

Validación para conducir: No reconoce licencias de conducir emitidas legalmente a los conductores sin estatus migratorio regulado. Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.