La reducción del gasto corriente es aún una asignatura pendiente que ninguna administración se atreve a asumir como prioridad, pues a la anquilosada, arcaica y ancestral actitud en el manejo de los recursos públicos no hay quién le ponga o le haga poner el “cascabel al gato” y son tantos los compromisos que con el ropaje de obligado cumplimiento entran, disfrazados o descaradamente, en el presupuesto nacional.
La carencia de un manual de puestos y salarios es el gran agujero negro a través del cual se engullen millones del presupuesto encubiertos en nombramientos o contratos sobre los que no hay control en la administración de los recursos del Estado. Los abusos están a la orden del día y si es legal por los enormes vacíos y agujeros en materia jurídica, es injusto incrementar los impuestos o crear nuevas cargas dizque para lograr, lo casi imposible, un déficit fiscal manejable.
En la sección País, LA PRENSA presenta un tema permanente, pero relegado convenientemente al olvido por las autoridades que, sin embargo, asumen compromisos que cumplirán otros, pues a la vista están los cuatro años, por lo menos, en que se hallarán en el poder o incluidos en su círculo, más que suficiente para un buen grupo que en la mayoría de las administraciones, de su color o de otro, “caen parados”.
El Poder Legislativo tiene en su planilla a más de un centenar de asesores, consejeros o consultores. Con alguna necesidad más de consultoría es probable que los “arrimados” superen en número a los seleccionados por el voto para representar a los electores, muchos de los cuales son profesionales de las Ciencias Jurídicas, pero aducen que se necesita un buen equipo de asesores en la elaboración de las leyes.
Pero este fenómeno, como tsunami para las cuentas del Estado, no es exclusivo del Congreso Nacional, las secretarías, empresas o instituciones del Estado acogen con benevolencia y generosidad a los sacrificados correligionarios, familiares, amigos... Y como hoy es por ti y mañana será por mí nace una complicidad colectiva que obliga al silencio.
“Yo me he encontrado casos de personas que no tienen la capacidad profesional, la experiencia, ni los conocimientos de los temas para los que han sido contratados; pero que ganan más que los ejecutivos por puro favoritismo político”, señala Jorge Yllescas, con una vasta experiencia y reconocida labor en la administración pública.
Las disposiciones generales del presupuesto 2015 dejan abierta la puerta para la contratación de servicios técnicos y profesionales (consultores) que “se realizará bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando exista disponibilidad en la asignación presupuestaria”.
¿Disponibilidad? Se encuentra cuando se quiere, más, cuando no afecta la bolsa personal.
