El ex gobernante Juan Hernández se sienta en una silla que jamás pensó que tendría lugar para él, después de ocupar la presidencia del Congreso Nacional y posteriormente la más alta magistratura del país pues nunca sospechó que apenas un par de años después de dejar el poder estaría afrontando la prueba más dura de su existencia.
Y no se trata del parsimonioso sistema judicial hondureño que jamás movió un dedo en clara complicidad para siquiera iniciar pesquisas investigativas.
No, se trata del implacable sistema judicial norteamericano que generalmente no muestra misericordia cuando se trata de delitos como los imputados al señor Hernández.
Por supuesto, le asiste la presunción de inocencia que deberá ser vencida por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para que, en presencia de un jurado compuesto por doce ciudadanos determinen la culpabilidad o inocencia del señalado.
Parece ser una lucha contracorriente por el contexto y los antecedentes del juicio; por ejemplo, los otros dos imputados que estarían compartiendo juicio aceptaron culpabilidad en los días anteriores llegando a acuerdos con el ente acusador; esto por supuesto es un duro golpe para la defensa de Hernández.
También es evidente por los registros históricos que cuando la fiscalía norteamericana acusa de manera formal a un ciudadano ante una corte no está inventando, mucho menos improvisando, no se trata de un juego de dados donde el fiscal se tira a bogar mar adentro sin salvavidas o sin brújula probatoria.
El efecto de este juicio será determinante en el ajedrez político nacional: por un lado, si el señor Hernández es absuelto de responsabilidad y se declara su inocencia será un tanque de oxígeno que daría vida nueva al Partido Nacional de cara a las elecciones del próximo año; en caso contrario de ser encontrado culpable y por ende condenado, será un golpe demoledor pues las estructuras de poder del partido nacional son del ala del exgobernante.
Lo que es claro, es que el solo hecho de ser acusado un exgobernante es motivo de profunda vergüenza para el país, se mancha su imagen internacional, y se reafirma su estatus de país tercermundista donde el crimen organizado es el amo y señor por encima de la ley y del derecho.
