Todo parece indicar que el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) quedará como todos los “azos” en Honduras, en total impunidad, así lo han revelado algunos representantes de la sociedad civil que miran con bastante desconfianza y asombro la falta de requerimientos fiscales contra los verdaderos responsables de uno de los robos más escandalosos y descarados en la historia hondureña, y que mantiene a esta institución sumida en un caos financiero y económico, y minada por la corrupción.
Si no fuera por la valiente acción del Consejo Nacional Anti-corrupción (CNA) y a la decidida gestión periodística de El Heraldo que descubrió varias residencias en Estados Unidos compradas con fondos de la institución, se sabría poco de este caso. La presidenta del CNA ha expresado su preocupación, porque a pesar de haber entregado hace varios meses al Ministerio Público un informe de los ilícitos encontrados en aquella entidad, denunciando con nombres y apellidos a los responsables, no se han presentado los correspondientes requerimientos en los tribunales de justicia, mucho menos se ha capturado a su exdirector, uno de los responsables de tanta rapiña en el IHSS, como tampoco a los verdaderos cabecillas que andan libres y campantes.
Por su parte el presidente de la Barra de Abogados Anti-corrupción ha manifestado que el problema radica en la politización del Ministerio Público, una sola persona es la que controla en forma absoluta toda la acción penal, a quien acusa de indolente en el cumplimiento de sus funciones y de no querer cumplir con sus atribuciones como representante de la sociedad hondureña.
Entre tanto Dagoberto Aspra, director de la Unidad de Investigación del CNA indicó que le satisface el aseguramiento de 32 inmuebles comprados con los fondos de la institución, no así la deducción de responsabilidades penales, puesto que el requerimiento hasta ahora interpuesto contra Mario Zelaya es una minucia comparada con el resto de lo defraudado, que sobrepasa los mil millones de lempiras, que puede ser achacado a los peces gordos que andan libres y asisten a recepciones oficiales, contra quienes ha expresado Aspra, existen elementos suficientes para su procesamiento.
La seguridad social del pueblo hondureño es un sistema que debe cumplir su rol con sus afiliados y cuya finalidad es garantizarles el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, jamás para el enriquecimiento de un grupo y mucho menos para su encubrimiento. De nada servirá a futuro el aseguramiento de las 32 viviendas de lujo caídas en comiso, si no existiere una sentencia penal condenatoria, pues en tal caso irremediablemente tendrían que ser devueltas, lo que significaría un lavado de activos, puro y perfecto en letras mayúsculas.