El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este jueves revisar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores a través de un procedimiento que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La medida permitirá a opositores como la dirigente María Corina Machado, que ganó la primaria opositora para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años.
Las partes pactaron un “procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas (...) a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024”, dice un comunicado de Noruega, país mediador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana.
Los inhabilitados deberán acudir personalmente a la Corte Suprema, de línea oficialista, para introducir un “recurso contencioso administrativo” contra la medida que les impide ejercer cargos públicos, así como una solicitud de “amparo cautelar”.
Las solicitudes deben realizarse durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde el 1 de diciembre, añade el comunicado que fue igualmente difundido por la delegación opositora y la del gobierno.
El anuncio llega en el último día de plazo dado por el gobierno de Estados Unidos para que se definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.
La exigencia de Washington respondía al condicionamiento que hizo para flexibilizar temporalmente las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela.
Machado, del ala más radical de la oposición, ha dicho que desconoce su inhabilitación. El chavismo gobernante, en tanto, ha indicado que nunca permitirá la candidatura de la opositora, a quien acusa de alentar sanciones y una invasión extranjera.
Las partes también acordaron que los interesados en recurrir su inhabilitación deberán “respetar la Constitución”, “honrar y defender la patria”, “acatar el marco constitucional” del TSJ y “rechazar cualquier forma de violencia” y acciones que atenten contra la soberanía.
“La sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, dice el texto sin fijar fechas expresas.
