Tegucigalpa. Siete exmiembros de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) comparecieron ayer ante un juez natural para responder por los cargos que les imputa el Ministerio Público.
A todos, un juez natural les impuso las medidas cautelares de prohibir salir del país y estar bajo la custodia de sus abogados.
A mediados del pasado marzo, la Unidad de Reacción Fiscal del organismo acusador del Estado interpuso un requerimiento en contra de 15 exdirectivos de dicho centro asistencial.
Presentó la acusación en contra del exdirector del IHSS Mario Zelaya, del exadministrador José Ramón Bertetty y contra los exmiembros de la junta directiva Carlos Montes, Hilario Espinoza, Arnaldo Solís, Luis Mayorga, Benjamín Bográn, Arturo Bendaña, Javier Pastor, Leonardo Villeda, Óscar Galeano, Manuel Espinoza, Odessa Henríquez, Daniel Durón y Humberto Lara por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones.
Los hechos que les imputa el Ministerio Público están relacionados con el acta 12-2011, de 23 de marzo de 2011, en la que la junta directiva del IHSS aprobó una consolidación de deuda del Fondo de Régimen Embarazo, Maternidad frente al Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, por un valor superior a los 942.77 millones de lempiras.
Según la Fiscalía, se disfrazó la transferencia ilícita a través de una resolución; los préstamos fueron utilizados para financiar gasto corriente y cubrir obligaciones de pago, lo que perjudicó la estabilidad financiera del IHSS.
El hecho es calificado por la entidad acusadora como un delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones, sancionado de seis a 12 años de reclusión.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró al magistrado José Elmer Lizardo como juez natural para conocer las primeras etapas del presente proceso judicial.
Los citados
De los acusados solo se había citado al exministro de Salud Arturo Bendaña, quien compareció a una audiencia el pasado 4 de abril, en la que el juez le impuso la medida cautelar de no salir del país. Ayer comparecieron otros siete exdirectivos: Leonardo Villeda y Óscar Galeano en representación del sector industrial y empresarial; José Espinal y Odessa Henríquez, por el Colegio Médico de Honduras; Daniel Durón y Humberto Lara, del sector obrero; y Javier Pastor, exviceministro de Salud.
Llegaron puntuales a la sede de la Corte Suprema de Justicia a las 8:30 am para comparecer a la audiencia de declaración de imputado.
El juez natural inició la audiencia leyendo una relación de hechos que contiene la acusación, les cedió el derecho de ofrecer una declaración, que no hicieron valer.
Tras deliberar, el juez dictó su resolución alrededor de las 12:30 del mediodía.
Les impuso dos medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva: la de no salir del país con alerta migratoria y estar bajo la custodia de sus abogados, informó Melvin Duarte, portavoz de la Corte.
Asimismo, el juez resolvió citar al resto de exdirectivos acusados: Carlos Montes, Hilario Espinoza, Luis Mayorga, Benjamín Bográn y Manuel Espinoza para comparecer a la audiencia de declaración de imputado el próximo miércoles 30 de abril, a partir de las 8:30 am. Asimismo, será requerido José Bertetty, el único preso.
El juez resolvió citar a todos los exdirectivos a la audiencia inicial, que se celebrará ese mismo día, a partir de la 1:00 pm.
Daniel Durón lloró
Los siete imputados que comparecieron ayer salieron del Poder Judicial ofreciendo esquivas declaraciones a periodistas.
Recalcaron sentirse confiados en que mediante la aplicación de la justicia saldrán absueltos.
Pastor expuso que actuó bajo delegación de Bendaña, que ambos firmaron resoluciones.
El que se notó visiblemente impactado con la acusación fue Daniel Durón que no pudo contener sus lágrimas.
“No tengo experiencia en esto, crea un trauma terrible e irreversible”, dijo. Aseguró contar con evidencias para demostrar su inocencia. Justifica que tomaron decisiones con el fin último de salvar vidas. Varios dirigentes de organizaciones obreras y sindicatos llegaron a la sede judicial para solidarizarse con sus colegas imputados.
