Washington, Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Nacional estadounidense Jeh Johnson enfatizó hoy que la frontera estadounidense 'no está abierta a la inmigración ilegal', ante la crisis desatada por la llegada masiva de inmigrantes ilegales, sobre todo procedentes de centroamérica, miles de ellos niños.
'Nuestro mensaje a aquellos que vienen aquí ilegalmente: Nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal', subrayó el secretario en una entrevista para Meet the Press de NBC difundida este domingo.
Johnson advirtió que el Gobierno estadounidense está tomando 'numerosas acciones' para evitar la inmigración ilegal 'incluyendo la devolución más rápida' a los países de origen, además de la lucha contra las organizaciones que trafican con personas.
El secretario señaló que entre las causas para que miles de inmigrantes indocumentados entren ilegalmente a Estados Unidos está la violencia en Centroamérica, de donde proceden la mayoría de inmigrantes de esta oleada, y el tráfico de drogas.
LEA: Lupillo Rivera se enfrenta con antiinmigrantes
Johnson no confirmo si el presidente estadounidense Barack Obama, que tiene un viaje previsto la próxima semana a Texas, visitará la frontera.
Ante la oleada de inmigrantes indocumentados procedentes de Centroamérica -muchos de ellos menores de edad sin la compañía de sus padres de Honduras- las autoridades de la frontera en Texas han tenido que recurrir a otros centros como California para atender a los detenidos.
Esto causó enfrentamientos esta semana en la localidad de Murrieta (California) entre grupos pro inmigrantes y ciudadanos que se opusieron a la entrada de los autobuses que trasladaban a 150 inmigrantes a unas instalaciones federales cercanas.
Johnson lamentó que la 'hostilidad' dirigida a las mujeres y niños que viajaban en el autobús y señaló que no refleja el verdadero sentimiento de los ciudadanos.
El alcalde de Murrieta, Alan Long, por su parte, defendió en CNN que su ciudad es una pequeña localidad en la que hay algunos residentes que tienen 'preocupaciones legítimas' pero señaló que la mayoría de la gente enfadada que se vio protestando 'eran de fuera'.
Entre esas preocupaciones citó cuestiones de salud y humanitarias de los inmigrantes, si 'se tienen las instalaciones adecuadas, quién va a cuidar de ellos y cuánto tiempo van a estar', algo sobre lo que, según dijo, no fueron informados.
Long señaló en el programa dominical 'State of the Union' que se trata de un 'problema nacional' y aseguró que si los inmigrantes son trasladados a Murrieta serán tratados con 'compasión' al tiempo que se opuso a que sean llevados a 'instalaciones inhumanas'.
Por su parte, el congresistas demócrata por Texas Henry Cuellar señaló en el mismo programa que las instalaciones de la patrulla fronteriza en la frontera tejana están desbordadas y denunció el hacinamiento en el que viven estos inmigrantes.
Sólo en el mes de mayo, los agentes detuvieron en la frontera de Texas a 48.000 personas, de los que 9.700 eran niños que viajaron sin compañía de sus padres, dijo Cuellar que declaró que han visto cómo la cifra ha ido en aumento en los últimos años pero el Gobierno y el presidente Obama han estado 'un paso atrás'.
En cuanto a la posibilidad de la visita de Obama consideró que 'sería bueno para él venir a la frontera, pero de nuevo, con todo respeto, creo que todavía está un paso por detrás. Ellos sabían lo que estaba sucediendo hace un año, el año pasado y, de nuevo, no están reaccionando lo suficientemente rápido'.
El Gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, que ha atribuido el problema a la falta de seguridad fronteriza y defiende el aumento de agentes, señaló que advirtió al Gobierno sobre los menores que cruzan solos en los últimos años sin obtener respuesta.
'La Constitución obliga a los Estados Unidos asegurar la frontera, y no estamos haciendo eso. No lo hemos hecho durante años, y estamos pagando un precio muy alto', dijo en el programa 'This Week' de ABC.
El aumento desproporcionado de los menores que están cruzando la frontera sin sus padres llevó a que el presidente declarará una 'crisis humanitaria' y pidiera al Congreso 2.000 millones de dólares para atender la emergencia.
Las autoridades calculan que más de 52.000 menores han sido detenidos por la Patrulla de Fronteras en lo que va del presente año fiscal que comenzó en noviembre.
