Río de Janeiro, Brasil.
En la fase final del juicio político que empieza este jueves, la presidenta Dilma Rousseff responderá por
cuatro supuestos 'delitos de responsabilidad' que pueden llevar a su destitución, según se establece en la Constitución brasileña.
La mandataria, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, ha sido acusada de emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
Ambas operaciones están tipificadas como 'infracciones' en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en vigor desde el 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por un lapso de ocho años.
El Senado brasileño declaró abierta hoy la primera sesión de la fase final del juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, que concluirá la semana próxima y en la que inicialmente escuchará a testigos de la acusación y la defensa.
La sesión comenzará con testimonios de fiscales del Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado que detectó las irregularidades en la gestión de los presupuestos que llevaron a la apertura de este proceso que, entre el martes y miércoles próximos, concluirá con una decisión final sobre el destino de Rousseff.
La gobernante acudirá por primera vez al Senado desde que se inició el proceso, el pasado 12 de mayo, cuando fue suspendida de sus funciones y sustituida, de momento en forma temporal, por su hasta entonces vicepresidente Michel Temer.
| Sentencia
Según las previsiones del Senado, la votación en que finalmente se decidirá si Rousseff es culpable y por tanto debe ser despojada del cargo, se celebrará entre el martes y el miércoles de la semana próxima.
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La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
En ninguno de los casos, los cargos formulados contra Rousseff configuran delitos de tipo penal, pero sí de carácter administrativo y están tipificados en leyes que regulan el uso del dinero público.
Ambas operaciones están tipificadas como 'infracciones' en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en vigor desde el 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por un lapso de ocho años.
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