Brasilia, Brasil
La mayoría de representantes del Senado de Brasil se manifestó en la madrugada del jueves a favor la suspensión de su cargo por 180 días de la presidenta Dilma Rousseff, quien será sumetida a un juicio político.
La aprobación del Senado, por más de 41 votos necerarios, se produjo luego que la Corte Suprema rechazara el recurso presentado para anular el juicio político de la mandataria y tras un prolongado debate de más de 18 horas que puso fin a más de 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores.
A eso de la medianoche de Honduras, 3:00 am de Brasilia, la mayoría simple de la Cámara Alta -41 senadores- se manifestaron a favor del proceso legal contra la presidenta que es señalada por cometer un 'crimen de responsabilidad' al utilizar préstamos de bancos estatales para tapar agujeros del presupuesto en 2014 y en 2015.
Horas más tarde, la confirmación de la suspensión sería ratificada en una esperada votación, no solo en Brasil sino en el resto de la región.
Aunque Rousseff no es investigada o acusada por corrupción, sus mayores aliados y enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a Petrobras en más de 2.000 millones de dólares.
Rousseff fue reelecta en octubre de 2014 por cuatro años más, pero su popularidad se ha hundido al 10% en medio de una recesión económica que se anticipa como la peor en décadas y el megafraude a Petrobras.
La crisis política alcanza su auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, y en medio de una epidemia de zika, un virus transmitido por mosquitos que provoca microcefalia en bebés, y cientos de miles de casos de dengue, chicunguña y el virus H1N1.
'Golpe moderno'
Rousseff, que gobernaba la mayor economía latinoamericana desde 2011 tras suceder a Luiz Inacio Lula da Silva (2003-10), acusó a su vicepresidente Michel Temer de orquestar un 'golpe moderno' en su contra y adujo que gobernantes de la oposición que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales de las que se le acusa.
Aseguró que no cometió ningún 'crimen de responsabilidad', un cargo que puede ser castigado con el impeachment según la Constitución.
El único precedente de impeachment desde el regreso de la democracia en 1985 es el del expresidente Fernando Collor de Melo (1990-92), quien fue separado del cargo y renunció justo antes de que el Senado votase su destitución.
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