Brasilia, Brasil.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó ayer a sus oponentes de recurrir a “métodos fascistas” para sacarla del poder y reiteró que no va a renunciar porque no es una mujer débil, en entrevista a varios diarios internacionales.
Rousseff, de 68 años, dijo que quienes han salido a las calles a manifestarse contra su Gobierno no representan más que el 2% de la población.
La presidenta, que en 2014 fue reelegida para un segundo mandato, enfrenta una severa crisis política. Multitudinarias protestas en las últimas semanas exigen su renuncia, mientras su agrupación el Partido de los Trabajadores (PT), otras organizaciones políticas y empresarios están envueltos en un megaescándalo de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.
El caso ha golpeado aún más a un país hundido en una recesión económica, mientras una comisión de la Cámara evalúa un pedido para destituirla del poder por supuestamente haber maquillado cuentas públicas.
La mandataria advirtió que cualquier tentativa de desalojarla de su cargo sería “un golpe de Estado”. “La oposición me pide que renuncie para evitarse el trago de echarme de forma ilegal”, concluyó.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó ayer a sus oponentes de recurrir a “métodos fascistas” para sacarla del poder y reiteró que no va a renunciar porque no es una mujer débil, en entrevista a varios diarios internacionales.
Rousseff, de 68 años, dijo que quienes han salido a las calles a manifestarse contra su Gobierno no representan más que el 2% de la población.
La presidenta, que en 2014 fue reelegida para un segundo mandato, enfrenta una severa crisis política. Multitudinarias protestas en las últimas semanas exigen su renuncia, mientras su agrupación el Partido de los Trabajadores (PT), otras organizaciones políticas y empresarios están envueltos en un megaescándalo de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.
El caso ha golpeado aún más a un país hundido en una recesión económica, mientras una comisión de la Cámara evalúa un pedido para destituirla del poder por supuestamente haber maquillado cuentas públicas.
La mandataria advirtió que cualquier tentativa de desalojarla de su cargo sería “un golpe de Estado”. “La oposición me pide que renuncie para evitarse el trago de echarme de forma ilegal”, concluyó.
