Brasilia, Brasil
El Congreso de Brasil inicia el lunes un proceso de juicio político contra la impopular presidenta Dilma Rousseff que agrava la incertidumbre sobre el futuro de la séptima economía mundial azotada por la peor recesión en décadas.
Una comisión de 65 diputados será designada para recibir los descargos de Rousseff a las acusaciones de manejo irregular de las cuentas públicas y luego decidirá si propone al plenario archivar la denuncia o seguir tramitándola, lo cual podría conducir a su separación del cargo.
El proceso llevará meses y el gobierno, que cree contar con los votos necesarios para salvar a la presidenta, quiere que se resuelva rápidamente. La oposición, en cambio, procura extenderlo de modo que, al calor de los problemas económicos, los posibles reclamos de las calles generen disidencias en las filas de Rousseff.
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La celeridad de los procedimientos depende de que el gobierno consiga que el Congreso suspenda el tradicional receso estival que empieza el 22 de diciembre y se prolonga hasta febrero.
'La demora de todo este proceso conspira contra la economía, la empeora y eso es malo para el gobierno', comentó Rubens Figueredo, politólogo de la Universidad de Sao Paulo.
Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), es acusada de prácticas presupuestarias no ajustadas a la ley y de realizar gastos suplementarios sin la autorización previa del Congreso.
La presidenta asegura que no ha hecho nada ilegal y que repitió procedimientos que a gobiernos anteriores no se le cuestionaron.
En manos del PMDB
La suerte de Rousseff está en manos su principal aliado el centrista PMDB, el mayor partido de Brasil pero con numerosas fracciones. Su líder es el vicepresidente Michel Temer, de 75 años, quien se llamó a silencio desde que el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, también del PMDB, dio vía libre al juicio político el pasado miércoles.
Ya hay síntomas de resquebrajamiento en el bloque que debería defender a Rousseff. Un ministro muy cercano a Temer dejaría el lunes el cargo para operar en favor del enjuiciamiento de la presidenta. AFP
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