El gobierno boliviano promulgó ayer la ley de convocatoria a referendo, fijado para el 21 de febrero de 2016, que tiene el fin de aprobar o rechazar si se le
permite al presidente Evo Morales postularse para un nuevo mandato.
El presidente en ejercicio del país, Luis Alberto Gonzales -quien reemplaza en el cargo al titular Evo Morales y al vicepresidente, álvaro García, fuera del país en tareas oficiales- le puso la firma a la norma legal en un acto público en el Palacio Quemado en La Paz.
La pregunta que los bolivianos deberán validar es: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”
La oposición considera ilegal la reforma y anunció que espera demandar su aplicación ante el Tribunal Constitucional, que validó en un fallo precedente el tenor de la pregunta.
La oposición, que no cuenta hasta ahora con un líder único que le dispute el poder a Morales, mantiene que el gobernante forzó el tercer mandato interpretando a su favor la actual Constitución boliviana, aprobada en 2009.
La Ley de Convocatoria significa una reforma parcial de la Constitución que le permitirá a Morales postularse para el período 2020-2025, una posibilidad no contemplada en la carta magna de 2009.
Morales, que siguió desde Alemania la promulgación de la ley que permitirá someter a referéndum la reforma constitucional, consideró que la razón por la que la oposición pretende impedir esa consulta es una: “el miedo”.
“Tienen miedo, sí. Y tienen un problema: antes, los presidentes gobernaban bajo alianzas, bajo pactos, porque nunca ganaban con más del 50%. Nosotros sí lo hacemos“, afirmó Morales durante su visita a Hamburgo, como invitado de honor del Día de América Latina.
Insistió en que “no es Evo, es el pueblo” quien decidirá si se abre la posibilidad de otra reelección y descalificó el propósito de la oposición de recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
