Un año después de la ola migratoria que provocó una crisis humanitaria en Estados Unidos, las autoridades de la Patrulla Fronteriza emitieron ayer un conjunto de normas de custodia, válidas en los centros de detención de todo el país, para garantizar los derechos humanos de los indocumentados.
La medida llega gracias a las críticas de grupos activistas que se han dado a la tarea de recabar los testimonios de inmigrantes recluidos que presentaron quejas por las temperaturas frías, falta de higiene, hacinamiento y maltrato en dichos centros.
En julio pasado, la jueza federal de distrito Dolly Gee, de Los Angeles, falló sobre una política de detenciones de inmigrantes, y afirmó que los niños se hallaban retenidos en estaciones de la Patrulla Fronteriza en 'condiciones deplorables generalizadas' con bajas temperaturas, sin contenedores de basura y sin iluminación en todo momento.
Las normas rigen un amplio espectro de circunstancias que incluyen guardar las pertenencias personales de los inmigrantes, así como el uso adecuado de las esposas y otros instrumentos de control físico. La temperatura debe estar ajustada a un 'nivel razonable y cómodo', la comida nunca debe ser usada como recompensa o castigo, y deben realizarse los esfuerzos razonables para ofrecer duchas para todos aquellos que se acercan a los tres días retenidos.
Las celdas de la Patrulla Fronteriza fueron diseñadas para retener personas sólo por unas cuantas horas -por lo general un día o dos como máximo- antes de ser deportadas, entregadas a personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que cuenta con instalaciones de detención más grandes o, en el caso de los niños sin acompañantes, transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA en un lapso no mayor a 72 horas.
La aglomeración de niños centroamericanos que el año pasado cruzaron la frontera por el sur de Texas detonó un gran número de quejas sobre personas que eran retenidas demasiado tiempo y bajo malas condiciones en estaciones de la Patrulla Fronteriza.
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Chris Rickerd, asesor de políticas para la Oficina Legislativas en Washington de la Unión Americana de Libertades Civiles, elogió a la agencia por un 'esfuerzo inicial'. Pero dijo que las normas se quedaron cortas en general y que la agencia carece de supervisión independiente.