Varios sectores de Guatemala han vuelto a exigir hoy la dimisión del presidente Otto Pérez Molina, después de que el Supremo diera luz verde al Congreso para que decida si se le retira o no la inmunidad por su presunta vinculación con una trama de corrupción.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió dar trámite a una denuncia por corrupción contra Pérez Molina, cuyo futuro político depende ahora de una comisión del Congreso que evaluará si le retira o no su inmunidad.
La decisión 'unánime' del Supremo fue divulgada el miércoles por su presidente, Josué Felipe Baquiax, tras una solicitud de antejuicio contra Pérez Molina planteada en mayo por el diputado opositor, Amílcar Pop, ante el Ministerio Público (MP).
El legislador denunció a Pérez Molina por cuatro delitos relacionados con dos escándalos de corrupción, desarticulados en el ente recaudador de impuestos y el Seguro Social en los últimos dos meses, y por los cuales hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre funcionarios y particulares.
El portavoz de la Presidencia de Guatemala, Jorge Ortega, dijo que existe 'extrañeza' en el Ejecutivo, porque Pérez Molina se ve obligado por la ley a nombrar a los directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero no tiene 'ninguna responsabilidad' en la toma de decisiones de los dos organismos.
Miles de guatemaltecos se han manifestado por 7 semanas consecutivas para exigir la renuncia del mandatario por los escándalos de corrupción que azotan al país.
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El diputado Pop se mostró convencido de que el presidente del país renunciará y que ese hecho 'generará un triunfo en la población'.
Así, cree que el único motivo por el cual Pérez Molina podría mantenerse en el puesto es si 'la suerte lo acompaña' y los legisladores del Congreso que formarán la comisión por sorteo 'son todos' del gobernante Partido Patriota (PP).
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La coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julliand, también pidió esperar a la resolución final del Parlamento aunque reconoció que la postura del Supremo podría influir para que Pérez Molina presente su dimisión al cargo.
Antes de este hecho, el presidente guatemalteco, cuyo Gobierno está en el punto de mira desde hace dos meses por escándalos de corrupción, reiteró en varias ocasiones que no renunciaría y que finalizaría su mandato, que termina en enero de 2016.