Grupos de inmigrantes realizaron hoy una jornada de protesta para exigir que termine cuanto antes el bloqueo judicial a la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, cuyos efectos habrían beneficiado desde hoy a casi cinco millones de indocumentados.
A lo largo del día, miles de activistas protagonizaron concentraciones y vigilias frente a edificios gubernamentales y protestas en más de 30 ciudades, en las que pidieron que se retire el apoyo a la demanda colectiva presentada por 26 estados -la mayoría republicanos- que acusan al presidente de abuso de su poder ejecutivo.
La demanda de los estados ante un tribunal de Texas suspendió el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA), que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y que debía entrar en vigor este martes.
También está suspendida la expansión de la Acción Diferida (DACA) para los 'soñadores' (jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños al país), mientras se determina su legalidad.
Después de que el juez federal Andrew Hanen, de Texas, suspendiera cautelarmente la acción ejecutiva del presidente, la decisión está pendiente ahora del Tribunal de Apelación de Nueva Orleans, que podría inhibirse y dejar la cuestión en manos del Tribunal Supremo.
Los inmigrantes en Nueva York escribieron cartas al juez Hanen para que desbloquee la acción ejecutiva que permitirá la entrada en vigor del DAPA.
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'El gobernador malgastó millones de dólares para defender su ley antiinmigrante en 2011 y demuestra que no aprendió la lección porque continúa atacando a la comunidad inmigrante de todas formas posibles', declaró la directora ejecutiva de la coalición, Ingrid Chapman.
También la fiscal federal de Florida, Pam Bondi, apoyó una demanda 'mal intencionada', según declararon grupos proinmigrantes que exigieron hoy en Miami la restauración de la acción ejecutiva del mandatario, donde unos 250,000 residentes podrían haberse beneficiado de los programas bloqueados.
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En California se lanzó la campaña 'Ready California', en un estado que se calcula tiene la mayor cantidad de beneficiarios, con 1,35 millones de indocumentados elegibles.
Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un permiso renovable de trabajo durante tres años, acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permiten.