Ciudad de Guatemala, Guatemala
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, descartó hoy que vaya a renunciar al cargo, como exigieron miles de manifestantes el pasado sábado, y habló de la necesidad de 'cambios de fondo' en el Estado para combatir la corrupción.
'Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo', declaró Pérez Molina, quien resaltó que 'la solución' a la crisis institucional que vive el país 'no es cambiar a una persona', en este caso al jefe de Estado.
Pérez Molina, que asumió el poder en enero de 2012 para un período de cuatro años, añadió que 'si no se hacen cambios de fondo el sistema puede colapsar', por lo que exhortó a los sectores nacionales a realizar propuestas para reestructurar el Estado.
En declaraciones a los periodistas este lunes luego de participar en la presentación de informe del primer año de gestión de la fiscal general, Thelma Aldana, el gobernante afirmó que ha tomado nota de las demandas en las manifestaciones que se han realizado en el país en rechazo a la corrupción y en las que han pedido su renuncia.
Miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades de Guatemala el sábado pasado para pedir la renuncia de Pérez Molina, cuyo Gobierno es acosado por los casos de corrupción que ya provocaron la dimisión de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y del ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.
Una comisión del Congreso también investiga al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Enrique Monterroso, por el supuesto 'mal manejo de medicamentos y contrataciones'.
Mientras que la Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a una denuncia por supuesta corrupción contra la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, por lo que el Congreso deberá evaluar si le retira la inmunidad a la funcionaria.
El pasado 16 de abril la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desmanteló una red de corrupción dentro de la oficina recaudadora de impuestos, en un caso que salpicó a Baldetti, quien renunció a la Vicepresidencia el pasado 8 de mayo.
Las autoridades han detenido a cerca de una treintena de personas supuestamente implicadas en la red, incluidos funcionarios públicos y abogados, mientras mantiene la búsqueda de otros que están en fuga, entre ellos Juan Carlos Monzón, el que fuera secretario privado de Baldetti.
